Ministerio Público realiza diligencias para recabar información sobre el proceso de designación del presidente de la Junta Nacional de Justicia.
La Fiscalía del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales ha intervenido esta semana la sede de la Defensoría del Pueblo con el objetivo de recabar información documental sobre el nombramiento de Gino Ríos Patio como presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La diligencia busca esclarecer posibles irregularidades, en vista de que Ríos tiene una sentencia consentida por violencia familiar en 2011, lo que podría imposibilitar su acceso al cargo.
Fuentes vinculadas a la Defensoría señalan que la Fiscalía realizó las diligencias previas en la Comisión Especial encargada de la selección, dirigida por el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor. El objetivo: determinar si el proceso de designación cumplió con los requisitos legales establecidos para integrar la JNJ, especialmente tras conocerse la condena por maltrato psicológico contra su exesposa.
La polémica surgió luego de que el dominical Cuarto Poder revelara que, durante el proceso evaluativo, la comisión no cuestionó la sentencia y se concentró en otro expediente archivado por presunta corrupción. Además, se presume que la objeción formal presentada por la abogada de la víctima no fue debidamente considerada, al haber sido descartada por encontrarse fuera de plazo.
Ante ello, congresistas líderes (Susel Paredes, Héctor Acuña y Ruth Luque) han solicitado la vacancia temporal de Gino Ríos, basándose en que su incorporación contravendría la Ley Orgánica de la JNJ que impide el nombramiento de personas con sentencias consentidas por violencia familiar.
Desde Perú21 se reportó que los fiscales acudieron a la sede de la Defensoría este martes, aproximadamente a las 4:30 p.m., para analizar el cumplimiento de normas y procedimientos relacionados con la designación.