Informe de control señala que el Gobierno Regional no ejecutó acciones preventivas en 82 zonas identificadas por la ANA con peligro alto y muy alto de desbordes e inundaciones.
La Contraloría General de la República advirtió que el Gobierno Regional de La Libertad solo ejecutó intervenciones en 21 de los 103 puntos críticos identificados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) como zonas con riesgo alto y muy alto ante la posible ocurrencia del Fenómeno El Niño.
Según el Informe de Visita de Control N.° 040-2026-OCI/5342-SVC, la entidad regional realizó trabajos de limpieza, descolmatación, encauzamiento y conformación de diques en algunos ríos y quebradas de la región; sin embargo, estas acciones no abarcaron la totalidad de los sectores priorizados por la ANA y, en algunos casos, se ejecutaron en tramos distintos a los recomendados.
Entre las intervenciones efectuadas figuran trabajos en los ríos Huamanzaña (Chao), Marañón (Pataz), Chicama, Moche, Sarín, Olichoco, Chusgón, Chorobal y Virú, además de las quebradas San Ildefonso, Culebras, Cargatrapos y Chiquichal.
No obstante, la Contraloría señaló que el Gobierno Regional solo acreditó la culminación y conformidad de cuatro de las 21 intervenciones reportadas, pese a que fueron presentadas como medidas preventivas frente a posibles emergencias.
El informe también revela que el GORE no remitió documentación que sustente por qué dejó de intervenir 82 puntos críticos, ni explicó si estas zonas fueron evaluadas, cuál fue el nivel de prioridad asignado o las razones técnicas, presupuestales u operativas para no ejecutar acciones preventivas.
La supervisión se realizó como parte del operativo nacional «Descolmatación y Limpieza de Ríos y Quebradas», mediante inspecciones en campo donde se verificó que, pese a las labores ejecutadas, varios sectores aún presentan condiciones que podrían favorecer desbordes, inundaciones y procesos de erosión durante la temporada de lluvias.
Ante estas observaciones, la Contraloría comunicó los resultados del informe a la gobernadora regional para que adopte las medidas correctivas correspondientes e informe las acciones implementadas en un plazo máximo de cinco días hábiles.