La ruta El Milagro–La Esperanza–Trujillo–Víctor Larco opera con normalidad pese a exigencias de S/ 50 000 para protección, según denuncias de los conductores.
Los conductores de la empresa Esperanza Express, que cubre la ruta El Milagro–La Esperanza–Trujillo–Víctor Larco, continúan operando pese a las graves amenazas que vienen recibiendo de presuntas organizaciones criminales. Una de ellas, la banda conocida como Los Compadres Nueva Generación, exige el pago de S/ 50 000 a cambio de “proteger” las operaciones de la empresa, de acuerdo con testigos y una denuncia formal presentada ante la Policía Nacional del Perú.
Según reportes periodísticos, en días recientes un microbús de la empresa fue atacado a balazos en plena avenida Miguel Grau, en el centro poblado El Milagro. Posteriormente, se enviaron mensajes intimidatorios vía WhatsApp y se registró un caso en el que sujetos que fingían ser pasajeros abordaron una unidad en el óvalo Mochica y amenazaron al chofer con atentar contra su vida si la empresa no accedía al pago exigido.
“Estamos trabajando normal. La Policía está viendo el tema”, declaró un trabajador de la empresa, mostrando el clima de tensión bajo el cual operan.
¿Qué está en juego?
- Los ataques y amenazas representan un riesgo directo para la vida de los conductores y cobradores, y afectan la prestación de un servicio esencial para miles de usuarios en la región La Libertad.
- El clima de extorsión a empresas de transporte refuerza la percepción de que la región es un epicentro de la extorsión criminal, al igual que otras ciudades del país.
- Más allá del impacto inmediato en la empresa, el caso revela la necesidad de una respuesta estatal integral: refuerzo policial, investigación eficaz, y políticas de seguridad que protejan al sector transporte como servicio público.
¿Qué debe hacer el Estado y las autoridades locales?
- Intensificar los operativos de seguridad y establecer rutas seguras para los transportistas, con apoyo permanente de la Policía Nacional y la autoridad regional.
- Garantizar que las denuncias sean investigadas con celeridad y que los responsables de las amenazas o atentados sean perseguidos y sancionados.
- Generar un mecanismo de protección para trabajadores del transporte y empresarios que enfrenten extorsiones, junto con líneas directas de apoyo y coordinación interinstitucional.