El Ejecutivo solicitará al Congreso la delegación de facultades para aprobar medidas orientadas a combatir la inseguridad, reactivar la economía, enfrentar el Fenómeno El Niño y fortalecer la gestión del Estado.
El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori solicitará al Congreso de la República la delegación de facultades legislativas para impulsar un paquete de reformas consideradas prioritarias durante el inicio de su gestión, según adelantó el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.
La propuesta contempla que el Ejecutivo pueda emitir decretos legislativos en materias específicas con autorización del Parlamento. Entre los principales ejes figuran la seguridad ciudadana, la reactivación económica, la lucha contra el crimen organizado, la simplificación administrativa y la prevención frente al Fenómeno El Niño.
En materia de seguridad, el Gobierno busca fortalecer el marco legal para enfrentar a las organizaciones criminales, endurecer medidas contra la extorsión y el sicariato, además de optimizar la capacidad operativa de la Policía Nacional y otras entidades encargadas del orden interno.
En el ámbito económico, el Ejecutivo plantea impulsar reformas orientadas a facilitar el acceso al crédito y promover la inversión privada. Entre ellas figura la eliminación de los topes a las tasas de interés para los préstamos del sistema financiero, medida que, según el Gobierno, busca ampliar la inclusión financiera y facilitar el acceso al crédito para personas y pequeñas empresas que actualmente tienen dificultades para obtener financiamiento formal. La propuesta también contempla la simplificación de trámites administrativos y medidas para fortalecer la competitividad del país.
Otro de los objetivos es acelerar las acciones preventivas frente al posible impacto de un Fenómeno El Niño de gran intensidad, mediante normas que faciliten la ejecución de obras de protección, el mantenimiento de infraestructura crítica y la atención de emergencias.
El pedido será remitido al Congreso en los próximos días y deberá ser evaluado por el Parlamento, que definirá el alcance y el plazo de las facultades que eventualmente otorgará al Poder Ejecutivo.