La propuesta forma parte del pedido de facultades legislativas que el Ejecutivo presentará al Congreso. Especialistas advierten que la medida podría ampliar el acceso al financiamiento, pero también encarecer los préstamos para miles de peruanos.
Una de las propuestas que el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori busca aprobar mediante facultades legislativas es la eliminación de los límites a las tasas de interés que pueden cobrar las entidades del sistema financiero, una medida que ya genera debate por su posible impacto en los consumidores.
El Ejecutivo sostiene que los topes establecidos en los últimos años restringieron el acceso al crédito formal, especialmente para personas de bajos ingresos y pequeños emprendedores, al elevar el riesgo para las entidades financieras. Bajo este argumento, plantea dejar que las tasas sean determinadas por el mercado.
Sin embargo, diversos especialistas y asociaciones de consumidores advierten que la eliminación de estos límites podría traducirse en préstamos mucho más costosos para los usuarios, especialmente para quienes recurren a créditos de consumo o financiamiento de menor monto.
Los críticos de la propuesta sostienen que, sin un límite máximo, bancos, financieras y cajas tendrían mayor margen para elevar los intereses cobrados a los clientes con mayor perfil de riesgo, lo que incrementaría el costo de las deudas y dificultaría aún más el pago de los créditos.
Además, señalan que la medida podría afectar principalmente a las familias de menores ingresos, que suelen tener menor acceso a financiamiento y terminan aceptando condiciones menos favorables para obtener liquidez.
Desde el Ejecutivo, en cambio, se argumenta que eliminar los topes permitiría ampliar la oferta de crédito formal y reducir el espacio para los prestamistas informales, quienes operan al margen de la ley con intereses considerablemente más elevados y sin ningún tipo de supervisión.
El debate ahora quedará en manos del Congreso, que deberá decidir si otorga las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno y, posteriormente, evaluar el contenido de las normas que se emitan. Mientras tanto, la propuesta ya despierta posiciones encontradas entre quienes consideran que favorecerá la inclusión financiera y quienes advierten que podría representar un mayor costo para miles de peruanos que dependen del crédito para financiar sus actividades o cubrir gastos familiares.