Autoridades y vecinos de Chao advierten impacto al medio ambiente y al tránsito por ejecución irregular de proyecto vial
El alcalde distrital de Chao, Juan Carlos Soles, denunció que la obra del puente sobre el río Huamanzaña, perteneciente a la ruta P1N – Panamericana, ejecutada por Provías y Autopistas del Norte (AUNOR), se está realizando “sin planificación adecuada ni control de daños”, generando caos vehicular, riesgos ambientales y afectando a la población local.
Según el comunicado municipal, los trabajos han generado desorden en el tránsito de personas y carga pesada, y perjuicios ambientales en zonas aledañas al puente. Se señala además que no se han tomado medidas para mitigar los efectos en las comunidades, ni se ha informado debidamente a los vecinos sobre los planes de obra.
Petitorio de autoridades locales
La Municipalidad Distrital de Chao ha solicitado a Provías y AUNOR, así como a las entidades competentes, la adopción inmediata de medidas que permitan una ejecución ordenada y responsable del proyecto:
- Mejor planificación en los trabajos para evitar desbordes, polvo excesivo, ruidos y otros impactos negativos en viviendas y cultivos.
- Implementación de medidas de seguridad vial para peatones, transporte de carga y tránsito local.
- Información oportuna y canales de comunicación con la población afectada.
- Supervisión técnica y control ambiental durante toda la ejecución de la obra.
Relevancia del puente
El puente del río Huamanzaña forma parte de la infraestructura vial estratégica de la ruta P1N-Panamericana Norte, usada diariamente por transportistas, vehículos locales y carga. Su buen funcionamiento es esencial para la conexión regional, la economía local y la seguridad de los usuarios. La ausencia de control puede agravar los daños y elevar costos futuros de reparación.
Conclusión
Hasta el momento, Provías y AUNOR no han emitido una respuesta pública oficial acerca de estas denuncias. En tanto, autoridades distritales y vecinos advierten que de persistir la ejecución con irregularidades, evaluarán acudir a organismos como la Contraloría o realizar gestiones legales para salvaguardar derechos ciudadanos y ambientales.