Andreina Farías, ciudadana venezolana, fue agredida sexualmente durante más de 10 horas por técnicos que acudieron a instalar internet en su vivienda. Al intentar escapar, fue atropellada y murió. La comunidad exige justicia y responsabilidades a la empresa contratista vinculada al caso.
Andreina Farías, una joven venezolana, fue abus4da s3xualmente por más de 10 horas por técnicos que acudieron a su vivienda para instalar un servicio de internet. Al intentar escapar, los agresores la atropellaron causándole la mu3rte. Vecinos exigen justicia y responsabilidades a la empresa vinculada.
La comunidad de San Bartolo, Lima, se encuentra consternada por un crimen que ha generado indignación y clamor de justicia. Andreina Farías, ciudadana venezolana que residía sola en el país, fue víctima de una brutal agres1ón s3xual perpetrada por técnicos que acudieron a su vivienda para realizar una instalación de internet.
Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana, cuando trabajadores con uniforme de la empresa de telecomunicaciones Claro ingresaron a su domicilio para realizar la conexión del servicio. Según versiones preliminares, los agresores permanecieron en la vivienda durante más de 10 horas. A las 10:50 p.m., Farías fue vista por última vez en video, increpando a los hombres mientras estos huían del lugar.
Minutos después, fue atrop3llada por el vehículo en el que los técnicos se desplazaban, el cual pertenecía a la empresa subcontratada por Claro, PC Telecom SAC. La joven fallec1ó en el acto.
Ante la gravedad del caso, la empresa Claro emitió un comunicado señalando que ha activado sus protocolos internos y solicitado un informe detallado a la empresa tercerizada. Asimismo, informaron que han presentado una denuncia penal y que colaborarán plenamente con las autoridades en la investigación.
Mientras tanto, vecinos de la víctima han alzado su voz de protesta, exigiendo justicia y mayor rigurosidad en los controles de contratación de personal en empresas de servicios. También solicitan apoyo económico para repatriar los restos de Andreina Farías a su país de origen.
El caso ha generado un amplio rechazo en redes sociales y medios de comunicación, reabriendo el debate sobre la responsabilidad de las empresas frente a los actos de sus contratistas y la seguridad de las mujeres en el país.