La Corte Suprema ratificó en segunda instancia las penas de 35 y 32 años de cárcel para los responsables del caso Nicolini, marcando el primer fallo firme en Perú por el delito de esclavitud laboral tras la muerte de dos jóvenes en un incendio en Las Malvinas.
El Poder Judicial peruano ratificó en segunda instancia las condenas de más de 30 años de prisión efectiva contra dos personas responsables del caso conocido como Nicolini, en un fallo que constituye la primera sentencia firme por el delito de esclavitud laboral en el país.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundado el recurso de casación presentado por la defensa y confirmó las penas de 35 años para Jonny Coico Sirlopú y 32 años para Vilma Zeña Santamaría, quienes fueron hallados culpables de trata de personas agravada con fines de explotación laboral y esclavitud.
El caso se remonta al 22 de junio de 2017, cuando un incendio de grandes proporciones consumió un contenedor metálico en el quinto piso de la galería Nicolini, ubicada en el centro comercial Las Malvinas, en Lima. Dos jóvenes trabajadores, Jovi Herrera Alania y Jorge Luis Huamán Villalobos, de 20 y 19 años, fallecieron atrapados en ese espacio donde eran sometidos a condiciones extremas de trabajo sin derechos laborales, con escasa ventilación e iluminación, y encerrados con llave por sus empleadores.
Según la investigación fiscal, los agraviados y otros jóvenes sobrevivientes eran obligados a ensamblar luminarias manualmente por apenas 25 soles diarios, sin contrato ni acceso a servicios básicos, lo que configuró un régimen de explotación y sometimiento que derivó en esta histórica condena.
Además de las penas privativas de libertad, la sentencia impuso inhabilitación para celebrar contratos con el Estado durante el periodo de las penas y ordenó el pago de reparación civil: montos de S/ 479,000 y S/ 459,000 a los herederos legales de los jóvenes fallecidos y S/ 20,000 a favor de los sobrevivientes afectados.
Aunque la condena ya fue confirmada, la justicia plena aún enfrenta un desafío, puesto que Vilma Zeña Santamaría continúa prófuga, a pesar de estar incluida en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior, que ofrece S/ 50,000 por información que permita su captura.
Este fallo marca un precedente crucial en la lucha contra las formas más graves de explotación laboral y reforza la persecución penal de delitos conexos a la trata de personas en el país.