Contraloría detecta trabajos incompletos y deficiencias en obra educativa de Cascas

El colegio N.º 82542 del caserío San Felipe presenta fisuras, humedad y deterioro en infraestructura, pese a que la Municipalidad Provincial de Gran Chimú reportó un avance financiero del 86.95 %.

La Contraloría General de la República advirtió graves deficiencias técnicas y trabajos inconclusos en la Institución Educativa N.º 82542 del caserío San Felipe, distrito de Cascas, cuya ejecución corresponde al saldo de obra valorizado en S/ 3.6 millones a cargo de la Municipalidad Provincial de Gran Chimú.

Según el Informe de Visita de Control N.º 012-2025-OCI/3614-SVC, elaborado entre el 16 y 25 de septiembre último, la obra —que debía culminar el 27 de diciembre de 2024— no presenta un avance físico acorde al financiero reportado (86.95 %), lo que genera dudas sobre la eficiencia en la gestión y supervisión del proyecto.

Infraestructura con fallas estructurales y acabados incompletos

Durante la inspección, los auditores constataron que los cinco pabellones del colegio presentan trabajos inconclusos en la colocación de pisos cerámicos, puertas, ventanas, aparatos sanitarios y cableado eléctrico. Además, se detectaron deficiencias estructurales como porosidad y cangrejeras en las losas y columnas, fisuras en muros, humedad en techos, puertas afectadas por polillas y ausencia de señalización de seguridad.

Estas fallas —precisa la Contraloría— evidencian que la ejecución no se ajusta al expediente técnico aprobado, lo que compromete la calidad y durabilidad de la infraestructura educativa.

Demoras y falta de control técnico

El proyecto, iniciado originalmente en 2021 bajo la modalidad de recuperación del servicio educativo, quedó paralizado y posteriormente retomado mediante un saldo de obra que, pese al nuevo financiamiento, no ha logrado concluir con estándares adecuados.

La Contraloría remitió el informe al alcalde provincial de Gran Chimú, exhortando a adoptar las acciones correctivas inmediatas y a reportar los avances al Órgano de Control Institucional (OCI).

El caso reabre el debate sobre la gestión de obras públicas en el interior de la región, donde múltiples proyectos educativos permanecen inconclusos o presentan fallas que ponen en riesgo su operatividad y la seguridad de los escolares.