El Minem advierte que la evasión tributaria de operadores ilegales le quita al Perú S/ 2 600 millones en 2025; en La Libertad, la pérdida equivale a recursos que pudieron destinarse a hospitales, colegios y carreteras.
La minería ilegal no solo contamina ríos y destruye ecosistemas, también afecta directamente la economía regional. Según cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem), este 2025 el país dejará de percibir S/ 2 600 millones en canon minero debido a que los operadores ilegales no pagan impuestos.
En este escenario, La Libertad es una de las regiones más perjudicadas, con una pérdida estimada de S/ 215 millones. Este monto representa recursos que pudieron destinarse a mejorar hospitales, escuelas y carreteras, pero que nunca llegaron a las arcas públicas.
Pérdidas millonarias en todo el país
El impacto de la evasión se repite en otras regiones mineras: Puno (S/ 460 millones menos), Arequipa (S/ 450 millones), Madre de Dios (S/ 240 millones), Apurímac (S/ 213 millones) y Ayacucho (S/ 160 millones).
En paralelo, los gobiernos subnacionales sí reciben recursos de la minería formal, pero no logran ejecutarlos de manera eficiente. Solo en 2025 ingresaron S/ 8 340 millones por canon y regalías; sin embargo, hasta agosto apenas se había invertido el 40 % en obras.
Despilfarro y corrupción
Un análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE) advierte que mientras más dinero reciben los gobiernos locales, menos capacidad tienen para gastarlo: el 65 % de municipalidades carece de equipos técnicos para formular proyectos y los gerentes municipales permanecen en promedio solo 10 meses en sus cargos, lo que bloquea la continuidad de la gestión.
Cuando se logra ejecutar presupuesto, los casos de gasto ineficiente y corrupción son frecuentes. Un ejemplo es Yarabamba (Arequipa), donde con apenas dos mil habitantes se construyó un estadio para cuatro mil personas, mientras la población sigue recibiendo agua en cisternas.
Entre 2015 y 2024, los gobiernos subnacionales dejaron sin ejecutar S/ 43 500 millones. Con ese dinero se pudieron financiar 553 Escuelas Bicentenario, 8 700 centros de salud de primer nivel o programas sociales como Pensión 65 y Juntos.
Una doble pérdida
La situación refleja un círculo vicioso: por un lado, la minería ilegal evade impuestos y priva a las regiones de ingresos vitales; por otro, la ineficiencia y corrupción en la gestión pública impiden que el canon formal se traduzca en obras y servicios de calidad.
El resultado es el mismo: hospitales sin equipos, colegios inseguros y carreteras inconclusas, mientras la población espera que la bonanza minera se convierta en desarrollo real.