La compañía registra 24 infracciones ambientales sancionadas que, según información atribuida al OEFA, representan multas por 570,62 UIT. El historial genera cuestionamientos sobre el seguimiento de las medidas correctivas en Pataz.
La Compañía Minera Poderosa registra un historial de 24 infracciones ambientales sancionadas, cuyas multas acumuladas ascienden a 570,62 UIT, equivalentes a más de S/ 300 millones, según la información consignada a partir de resoluciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
El historial vuelve a poner bajo escrutinio la fiscalización ambiental de las actividades mineras en la provincia de Pataz, La Libertad, así como el seguimiento de las medidas correctivas que deben cumplirse luego de una sanción.
Una de las sanciones supera las 59 UIT
Uno de los procesos corresponde a la Resolución N.° 579-2024-OEFA/TFA-SE, mediante la cual el Tribunal de Fiscalización Ambiental confirmó una multa de 59,078 UIT contra la empresa.
La sanción comprende dos conceptos de 31,369 UIT y 27,709 UIT, relacionados con incumplimientos vinculados al Plan de Cierre de Minas, específicamente con actividades de cobertura de suelo y revegetación.
De acuerdo con la resolución, el Tribunal consideró acreditadas las infracciones y confirmó la sanción, agotándose la vía administrativa.
¿Qué tipo de infracciones registra?
Las sanciones acumuladas están relacionadas con diferentes obligaciones ambientales, entre ellas casos vinculados con efluentes, residuos, derrames y compromisos establecidos en instrumentos de gestión ambiental.
El número y monto de las sanciones plantean interrogantes respecto de la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que determinados incumplimientos vuelvan a producirse.
El seguimiento de las medidas correctivas
Más allá del monto económico de las multas, uno de los principales aspectos que deberá ser esclarecido es el cumplimiento efectivo de las medidas correctivas ordenadas por las autoridades ambientales.
Entre las interrogantes que surgen están si las obligaciones impuestas han sido cumplidas dentro de los plazos establecidos, si se verifica posteriormente que las infracciones no vuelvan a repetirse y qué acciones adicionales se adoptan cuando persisten los riesgos ambientales.
Las sanciones administrativas buscan corregir incumplimientos y garantizar el respeto de las obligaciones ambientales. Por ello, el seguimiento posterior resulta determinante para evaluar su efectividad.
En el caso de Pataz, donde la actividad minera tiene una importante presencia económica y social, la fiscalización ambiental constituye un componente clave para prevenir impactos sobre los recursos naturales y las poblaciones ubicadas en el área de influencia de las operaciones.
La información difundida atribuye estos datos al Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA, por lo que corresponde revisar cada resolución y el estado de las medidas correctivas para determinar el alcance real de las obligaciones pendientes y cumplidas.