La entidad de control determinó que el burgomaestre Roberto García Gómez omitió y retrasó la entrega de información requerida por el Órgano de Control Institucional, afectando el desarrollo de las acciones de supervisión.
La Contraloría General de la República sancionó con una multa de S/ 60 500 al alcalde de la Municipalidad Distrital de Huaso, Roberto Carlos García Gómez, tras determinar su responsabilidad administrativa funcional por obstaculizar las labores de control mediante la omisión y retraso en la entrega de información solicitada por el Órgano de Control Institucional (OCI).
La medida fue impuesta por la Autoridad Sancionadora de la Contraloría mediante la Resolución de Sanción N.° 002-007-2026-CG/ASAN, emitida en el marco del expediente N.° 0007-2026-CG/PAS-RIS, en el que se acreditó una conducta de entorpecimiento sistemático frente a diversos requerimientos formulados por el OCI de la Municipalidad Provincial de Julcán.
Según la resolución, el alcalde incumplió con entregar oportunamente documentación solicitada por los órganos de control, afectando el normal desarrollo de las acciones de fiscalización y supervisión de los recursos públicos.
La sanción económica equivale a 11 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), distribuidas en dos multas de 5.5 UIT cada una. La primera corresponde a la falta de remisión de instrumentos de gestión requeridos por el OCI el 4 de diciembre de 2025. La segunda está relacionada con la omisión en la entrega de las resoluciones de desagregación de recursos destinadas al proyecto de inversión para el mejoramiento e instalación del servicio de agua potable y unidades básicas de saneamiento en los caseríos de Canraz, Simbamba y La Unión, información solicitada el 6 de enero de 2026.
No obstante, la Contraloría dispuso archivar otras imputaciones vinculadas a la falta de información sobre una unidad vehicular reportada como desaparecida, la actualización del sistema INFOBRAS y los datos de funcionarios municipales, debido a que dicha documentación fue presentada durante el desarrollo del procedimiento sancionador.
La Autoridad Sancionadora otorgó un plazo de 30 días hábiles para que el alcalde cumpla con el pago de las multas impuestas. Asimismo, precisó que con esta resolución quedó agotada la vía administrativa.
La Contraloría señaló que continuará aplicando las medidas correspondientes contra los funcionarios y autoridades que limiten u obstaculicen los procesos de control, con el objetivo de garantizar la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos.