La defensa del consejero regional sostiene que el magistrado otorgó un trato preferencial a un testigo incorporado recientemente al proceso por el caso de la demolición de puestos en el mercado La Hermelinda.
Una nueva controversia surgió en el juicio que se sigue contra el consejero regional de La Libertad y exregidor de Trujillo, Robert de la Cruz, luego de que su defensa cuestionara la actuación del juez Juan Conrado Bendezú Villena durante la audiencia realizada este 6 de julio.
Según la defensa, el magistrado esperó aproximadamente 40 minutos la llegada de Jordán Martín Olivares de Villanueva, conocido como el «limonero», y posteriormente permitió que brindara su testimonio pese a no presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI). El abogado del exregidor consideró que esta actuación vulneraría las garantías del debido proceso.
El testigo fue incorporado recientemente al proceso como prueba de oficio, luego de que el juez aceptara su declaración a pedido de la parte agraviada. De acuerdo con el expediente judicial, Olivares afirmaría haber presenciado la demolición de puestos en el mercado La Hermelinda el 23 de abril de 2020 y observado que Robert de la Cruz dirigía dichas acciones.
La defensa sostiene que este testigo nunca fue mencionado en la denuncia presentada en 2020 y que tampoco aparece en los registros audiovisuales de la intervención municipal, por lo que considera que su incorporación, seis años después de los hechos, genera dudas sobre la imparcialidad del proceso.
El proceso judicial está relacionado con la demolición de puestos comerciales en el mercado La Hermelinda durante la pandemia de la COVID-19, intervención ejecutada por la Municipalidad Provincial de Trujillo como parte de las medidas sanitarias. La Fiscalía acusa a Robert de la Cruz del presunto delito de usurpación agravada al atribuirle haber ordenado dicha demolición, acusación que el exregidor rechaza.
Tras la audiencia, la defensa reiteró que continuará cuestionando las decisiones adoptadas durante el juicio y aseguró que ejercerá los recursos legales que considere pertinentes para garantizar el respeto al debido proceso. Hasta el momento, el Poder Judicial no ha emitido un pronunciamiento público sobre los cuestionamientos formulados durante la diligencia.