Consejero regional por Pataz, Luis Rodríguez Ponce, fue condenado a tres años de prisión suspendida y deberá pagar S/ 3,000 por haber usado un título profesional falso en Educación Primaria. Su caso forma parte de una investigación más amplia sobre la emisión irregular de títulos en institutos de La Libertad.
El Poder Judicial condenó a Luis Rodríguez Ponce, consejero regional por la provincia de Pataz, a tres años de pena privativa de libertad suspendida y al pago de S/ 3,000 por el delito de falsedad ideológica. La sentencia se basa en la obtención fraudulenta de un título profesional en Educación Primaria, sin haber cursado los estudios requeridos, expedido por el Instituto Virgen de la Puerta.
Detalles del caso
- La fiscal adjunta Diana Alas Rojas probó que Rodríguez obtuvo un título falso entre 2015 y 2017, registrado inicialmente en el sistema del Ministerio de Educación, utilizado para cargos en la UGEL de Pataz.
- El delito generó un perjuicio potencial al Estado, al permitirle acceder a funciones públicas bajo un perfil académico inexistente.
- El proceso comenzó en marzo de 2020, después de una denuncia anónima, y forma parte de las investigaciones contra la red conocida como “La Mafia de los Títulos”.
Consecuencias legales
- La pena impuesta es privativa de libertad, pero con carácter suspendido. Además, se le impuso el pago de S/ 3,000 como reparación civil.
- De acuerdo a la normativa, se prevé su vacancia del cargo una vez que se firme la sentencia en lectura íntegra y se remita la resolución al Jurado Nacional de Elecciones.
Contexto
Este caso es parte del esfuerzo judicial para desarticular redes dedicadas al tráfico de títulos falsos, donde también se identificaron irregularidades en otros institutos de La Libertad, como Alexander Fleming y Louis Pasteur.
Próximos pasos
- Se espera la audiencia de lectura íntegra para formalizar la sentencia y proceder con la remisión al JNE.
- En paralelo, se iniciarán los trámites administrativos para vacar el cargo de Rodríguez Ponce.
La sentencia refuerza la lucha contra la corrupción académica y el uso de documentos falsos para obtener beneficios en el sector público en la región.