Local del Centro Cultural Peruano Japonés no podrá seguir funcionando por no cumplir con medidas de seguridad

La Municipalidad Provincial de Trujillo revocó el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) del establecimiento, ubicado en el pasaje Mochica, tras constatar que no levantó las observaciones señaladas durante las inspecciones.

La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) informó que el Centro Cultural Peruano Japonés de La Libertad ya no podrá seguir funcionando, luego de que se le revocara el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), requisito indispensable para su operación.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución de Alcaldía N.° 663-2025-MPT, que deja sin efecto el certificado obtenido en enero de este año por el representante del centro cultural, Sergio Martín Kobashigawa Silva.

De acuerdo con la comuna, el local —ubicado en el Psje. Mochica N.° 150-160— no cumplió con las condiciones de seguridad exigidas para permitir actividades deportivas y culturales como fútbol, vóley y básquet, entre otras.

Inspecciones y observaciones no levantadas

El 19 de junio, inspectores de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de la MPT realizaron una Visita de Inspección de Seguridad en Edificaciones (VISE), detectando deficiencias que debían subsanarse en un plazo de dos días hábiles. Sin embargo, al 23 de junio se constató que las observaciones no habían sido corregidas.

Posteriormente, el 1 de julio se otorgó un nuevo plazo de cinco días hábiles para presentar descargos. Aunque la administración del centro cultural pidió una prórroga alegando avances del 50 % en obras de seguridad, la municipalidad continuó con el proceso de revocatoria al considerar insuficientes las acciones adoptadas.

Alcalde reafirma compromiso con la seguridad

Todo establecimiento debe tener licencia y certificado ITSE. No hay favoritos, la ley está para cumplirse. Seguiremos trabajando por un Trujillo seguro, limpio y ordenado”, enfatizó el alcalde provincial, Mario Reyna Rodríguez, al explicar la decisión.

La medida se ampara en el Decreto Supremo N.° 002-2018-PCM y en el Manual de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, que establecen los criterios para garantizar que los locales brinden condiciones seguras a sus usuarios.