Gremios empresariales de Áncash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura piden al Gobierno declarar estado de sitio, actuar con firmeza y poner fin a la violencia que ya ha cobrado 39 vidas en 2024.
Ante el asesinato de 13 trabajadores mineros en la provincia de Pataz, en La Libertad, y el reciente ataque a la planta de la minera Caravelí, las Cámaras de Comercio del Norte del Perú emitieron un pronunciamiento conjunto exigiendo acciones inmediatas y contundentes al Estado para frenar el avance del crimen organizado y la violencia en la sierra liberteña y el país.
Los gremios empresariales de Áncash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura condenaron enérgicamente los crímenes cometidos, expresaron sus condolencias a las familias de las víctimas y alertaron que la situación en Pataz es crítica: solo en lo que va del año, la violencia ha cobrado la vida de 39 personas, mientras que la respuesta estatal ha sido débil e ineficaz.
En su pronunciamiento, las Cámaras denunciaron que la Policía Nacional se encuentra rebasada por el poder logístico y armado de las bandas criminales que operan en la zona minera. Además, detallaron que en el ataque a la planta de Minera Caravelí, un grupo armado tomó rehenes y dejó al menos ocho heridos, incluidos dos agentes del orden.
Frente a esta escalada delictiva, los gremios solicitaron que el Ejecutivo evalúe con urgencia la declaratoria de estado de sitio en Pataz, como una medida excepcional y estratégica para recuperar el control territorial. También demandaron una ofensiva frontal contra la minería ilegal y el crimen organizado, con inteligencia operativa, interdicciones efectivas y el desmantelamiento de redes de financiamiento ilícito.
Las Cámaras hicieron un llamado a todos los poderes del Estado y a las instituciones encargadas de la seguridad y justicia para actuar sin dilaciones ni intereses políticos. Asimismo, emplazaron al Congreso de la República a cumplir su rol fiscalizador y a reglamentar el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), cuyo mal uso ha favorecido la impunidad de la minería ilegal.
Finalmente, invocaron a la ciudadanía, gremios, líderes sociales y empresariales a no permanecer indiferentes ante una amenaza que pone en riesgo la vida, la institucionalidad y el futuro del país. “El silencio y la inacción no pueden ser la respuesta frente al avance del crimen organizado”, advirtieron.