Tras seis años de espera y una disputa judicial, entró en vigencia una ordenanza regional que otorga a los consejeros nuevas facultades de control político sobre los funcionarios de confianza del Gobierno Regional de La Libertad.
El Consejo Regional de La Libertad contará desde ahora con una nueva herramienta de control político tras la entrada en vigencia de la Ordenanza Regional N.° 013-2020-GRLL-CR, norma que permitirá a los consejeros interpelar y censurar a gerentes y altos funcionarios de confianza del Gobierno Regional.
La medida fue oficializada luego de que la ordenanza permaneciera durante seis años sin ser promulgada, pese a haber sido aprobada por el Consejo Regional. Con su publicación en el diario oficial El Peruano, los 17 consejeros regionales podrán ejercer mayores facultades de fiscalización sobre la gestión regional.
Podrán recomendar la salida de funcionarios
La norma establece mecanismos de interpelación y censura que permitirán evaluar el desempeño de gerentes regionales y otros funcionarios de confianza.
De prosperar una moción de censura en el pleno regional, los consejeros podrán recomendar la separación del cargo de los funcionarios cuestionados, fortaleciendo así el control político sobre la administración regional.
Esta herramienta busca incrementar la transparencia y la rendición de cuentas dentro del Gobierno Regional de La Libertad.
Disputa legal retrasó su aplicación durante seis años
Según explicó Greco Quiroz, la ordenanza enfrentó diversos obstáculos durante las gestiones del exgobernador Manuel Llempén Coronel y de César Acuña Peralta.
Ambas administraciones cuestionaron la constitucionalidad de la norma y argumentaron que su aplicación podría generar inestabilidad en la gestión pública regional, motivo por el cual no fue promulgada.
Poder Judicial ordenó su promulgación
La controversia llegó al Poder Judicial, donde la Tercera Sala Especializada en lo Civil de La Libertad emitió un fallo favorable al Consejo Regional, ordenando la promulgación de la ordenanza.
Como consecuencia de esta decisión judicial, la vicegobernadora regional Joana Cabrera Pimentel oficializó la norma, permitiendo su entrada en vigencia.
Con esta disposición, el Consejo Regional fortalece sus facultades de supervisión y fiscalización sobre los funcionarios de confianza del Gobierno Regional, en un contexto donde la transparencia y el control de la gestión pública son demandas constantes de la ciudadanía.