Adolescentes de 16 y 17 años serán penalmente imputables por delitos graves en Perú

La nueva Ley N.º 32330 permite que adolescentes de 16 y 17 años sean procesados penalmente como adultos si cometen delitos graves, generando debate sobre sus implicancias en la seguridad ciudadana y los derechos de los menores.

El Congreso de la República ha promulgado la Ley N.º 32330, que modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes para establecer que los adolescentes de 16 y 17 años sean considerados penalmente imputables cuando cometan delitos graves.

¿Qué establece la Ley 32330?

La nueva normativa modifica los artículos 20 y 22 del Código Penal (Decreto Legislativo 635) y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes (Decreto Legislativo 1348). A partir de su entrada en vigor, los adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos graves serán procesados penalmente como adultos.

Los delitos incluidos en esta modificación abarcan: homicidio calificado, feminicidio, sicariato, secuestro, violación sexual, robo agravado, extorsión, narcotráfico, terrorismo, entre otros tipificados en el Código Penal y en el Decreto Ley 25475.

¿Por qué se aprobó esta ley?

La iniciativa legislativa fue impulsada con el objetivo de reducir la criminalidad juvenil y combatir la impunidad en delitos graves cometidos por menores de edad. Durante el debate parlamentario, se argumentó que organizaciones criminales reclutan a adolescentes de 16 y 17 años para cometer delitos, aprovechando su condición de inimputabilidad penal.

¿Qué opinan los expertos?

La aprobación de la Ley 32330 ha generado diversas opiniones entre expertos en derecho penal y derechos humanos. Algunos consideran que la medida es necesaria para enfrentar la creciente participación de menores en delitos graves, mientras que otros advierten sobre la importancia de garantizar los derechos de los adolescentes y promover su rehabilitación.

La implementación de esta ley requerirá ajustes en el sistema judicial y penitenciario para asegurar que los adolescentes imputados reciban un tratamiento adecuado, respetando los principios de justicia juvenil y los estándares internacionales de derechos humanos.