Un estudio de la Universidad Nacional de Trujillo confirma la presencia de metales pesados en el cauce del río. La Autoridad Nacional del Agua advierte que la minería ilegal opera sin control, afectando directamente a comunidades agrícolas y a la seguridad alimentaria.
El río Moche, uno de los principales afluentes de la costa liberteña, atraviesa hoy una de sus peores crisis ambientales. Un estudio de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) detectó que en varios tramos del cauce el agua ya no es apta ni para el consumo humano ni para el riego agrícola, debido a la presencia de metales pesados como arsénico, cadmio y plomo.
La Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Gerencia Regional del Ambiente de La Libertad corroboraron estos hallazgos en un informe técnico, señalando que la contaminación avanza sin control por la actividad de la minería ilegal, que opera al margen de la ley con escasa o nula intervención estatal.
Una cuenca herida
Décadas atrás, comunidades campesinas de la zona defendieron con marchas y protestas la necesidad de preservar un recurso vital para vivir y cultivar. Hoy, esa misma fuente de agua enfrenta amenazas por relaveras sin remediar, pasivos ambientales desbordados y descargas tóxicas que han acidificado los suelos agrícolas.
“Las fuentes de agua que se defendieron a capa y espada están hoy contaminadas”, advirtió José de Romaña, director del Instituto Peruano de Cambio Climático (IPCH).
Un problema que se repite en otras regiones
El caso del río Moche no es aislado. Experiencias similares se viven en Tambogrande (Piura), así como en Cajamarca y Celendín, donde la minería ilegal avanza bajo el discurso de la “formalización”. Las consecuencias se repiten: agua contaminada, suelos degradados, pérdida de ganado y comunidades desconfiadas de las promesas de desarrollo.
Según un estudio del Centro Wiñaq, el 70,2 % de peruanos considera que el Congreso respalda la minería ilegal por intereses económicos o electorales. Esta percepción refuerza la idea de que las economías ilegales no solo han crecido por su clandestinidad, sino también por la incapacidad del Estado de imponer autoridad y ofrecer alternativas de desarrollo sostenible.
Riesgo de consolidación de economías criminales
Especialistas advierten que el vacío de liderazgo y de políticas efectivas ha permitido que las actividades ilegales se expandan, ganando poder económico y político en varias regiones del país. La minería ilegal, que debería ser combatida desde la institucionalidad, termina legitimándose desde instancias de poder, lo que la convierte en una amenaza no solo ambiental, sino también social y de gobernabilidad.