Un caso judicial que terminó con dos personas condenadas a 25 años de prisión expone cómo el Reinfo podría ser utilizado como fachada para introducir oro de origen ilícito en el circuito formal y facilitar su comercialización.
Las plantas procesadoras o de beneficio de oro se han convertido en uno de los principales puntos bajo cuestionamiento dentro de la cadena de la minería ilegal. Un reciente caso judicial en La Libertad reveló cómo un minero inscrito en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) habría utilizado esta condición para comercializar oro de procedencia ilícita y convertir las ganancias en dinero aparentemente legal.
El caso se remonta a agosto de 2022, cuando Sonia Mallqui de la Cruz intentó abordar un vuelo desde el aeropuerto de Trujillo hacia Chagual, en la provincia de Pataz. Llevaba sobres de manila con S/ 1 733 277 en efectivo. Según su versión, el dinero pertenecía a Orlando Tumbajulca, quien figuraba como minero en proceso de formalización.
En abril de 2026, el Poder Judicial condenó a 25 años de prisión a Tumbajulca y Mallqui por lavado de activos. Ambos se encuentran prófugos. Durante el proceso, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Trujillo determinó que el dinero provenía de la comercialización de oro de procedencia ilícita.
El Reinfo como presunta fachada
De acuerdo con el caso judicial, Tumbajulca habría utilizado su Reinfo para acopiar mineral proveniente de mineros ilegales de Pataz y posteriormente comercializarlo como si hubiera sido extraído de una concesión autorizada denominada Río Bravo.
Sin embargo, el propietario de dicha concesión negó tener algún vínculo con Tumbajulca y afirmó que en ese lugar no se realizaba extracción de oro.
El mineral terminó siendo vendido a una planta de beneficio, que realizó un pago cercano a los S/ 2 millones. El dinero incluso fue depositado en una cuenta bancaria. Pese a ello, los magistrados concluyeron que los fondos tenían una procedencia ilícita vinculada a la minería ilegal.
El caso evidencia una de las principales vulnerabilidades de la cadena de comercialización: la existencia de documentación formal no necesariamente garantiza que el mineral adquirido tenga un origen legal.
La Libertad concentra decenas de plantas
La problemática no se limita a un solo caso. Según la información citada, existen alrededor de 400 plantas procesadoras de oro en el país, ubicadas principalmente en el sur y la costa.
Estas instalaciones se encuentran en regiones como Junín, Puno, Ayacucho, Pasco, Apurímac, Arequipa, La Libertad, Áncash, Lima e Ica.
En La Libertad, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) registra 38 plantas, en un contexto marcado por la expansión de la minería ilegal, particularmente en zonas como Pataz.
La preocupación se centra en la trazabilidad del mineral. De acuerdo con especialistas citados en la información, muchas plantas comprarían oro a terceros verificando principalmente que el productor tenga Reinfo y RUC vigentes, sin necesariamente comprobar de manera efectiva dónde fue extraído el mineral.
Más de 100 toneladas de oro sin origen conocido
El problema también alcanza al comercio internacional. Según cifras del Instituto Peruano de Economía (IPE) citadas en la información, más del 40 % del oro vendido por canales formales al extranjero no tendría un origen conocido.
Esto representa más de 100 toneladas de oro, cuya comercialización habría sido posible mediante el circuito integrado por plantas de procesamiento y productores inscritos en el Reinfo.
Ante este escenario, la titular de la Sunat, Marilú Llerena, anunció una mayor supervisión sobre las plantas que acopian material minero.
El caso de La Libertad vuelve a poner bajo la lupa a estos establecimientos y plantea interrogantes sobre los mecanismos utilizados para verificar el origen del oro antes de que ingrese al mercado formal.