Una auditoría identificó presunta responsabilidad penal y administrativa por deficiencias en la supervisión de actividades mineras, hidrocarburos y manejo de residuos sólidos en la cuenca del río Moche.
La Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en las labores de supervisión y fiscalización ambiental realizadas por funcionarios y servidores del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en La Libertad. El caso involucra a 14 funcionarios y servidores, sobre quienes se identificó presunta responsabilidad penal y administrativa.
Los hallazgos corresponden a tres unidades fiscalizables vinculadas con los sectores de minería, hidrocarburos y residuos sólidos, ubicadas en la cuenca del río Moche. Las observaciones fueron establecidas en el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 011-2026-2-5684-AC, correspondiente al periodo comprendido entre el 15 de febrero de 2023 y el 16 de enero de 2026.
Caso Quiruvilca: alertas ambientales que no derivaron en medidas preventivas
Uno de los principales casos corresponde a la unidad fiscalizable Quiruvilca, donde la Contraloría identificó deficiencias en el análisis de la información obtenida durante las supervisiones realizadas entre 2023 y 2025.
Según el informe, durante la supervisión de 2023 se detectaron elevadas concentraciones de metales en agua residual industrial, además de evidencias de deterioro e inestabilidad física en determinados componentes de la actividad minera.
Sin embargo, en las supervisiones efectuadas posteriormente, en 2024 y 2025, no se ordenaron medidas preventivas pese a que se habría reconocido la persistencia de las condiciones ambientales consideradas críticas.
Para la Contraloría, el análisis fragmentado de la información habría limitado una intervención oportuna y reducido la eficacia de la función fiscalizadora del OEFA.
Trujillo: cuestionan actuación frente a contaminación de agua subterránea
Otro de los casos observados se encuentra en Trujillo y está relacionado con una empresa comercializadora de combustible denunciada por la presunta contaminación del agua subterránea de un pozo utilizado con fines domiciliarios.
Funcionarios de áreas vinculadas a la fiscalización en energía y minas determinaron que no correspondía imponer medidas correctivas a la empresa.
No obstante, los propios pronunciamientos emitidos en 2024 y 2025 habían reconocido que la falta de impermeabilización de la fosa portatanques permitió la fuga de combustible desde el sistema de tanques enterrados.
Esta situación habría afectado la calidad del agua subterránea, donde se detectaron concentraciones elevadas de hidrocarburos y otros compuestos.
Aunque inicialmente se habían impuesto medidas preventivas para identificar, controlar y eliminar la fuente de contaminación, la Oficina Descentralizada (ODE) de La Libertad verificó en 2025 que estas no habían sido implementadas.
Pese a ello, no se continuaron las actuaciones destinadas a aplicar multas coercitivas. Posteriormente, en enero, se corroboró que la contaminación persistía.
Botadero San Idelfonso también fue incluido en las observaciones
La Contraloría también detectó deficiencias en las acciones relacionadas con el botadero San Idelfonso, ubicado en el distrito de Laredo.
En este caso, la ODE La Libertad no habría impulsado las acciones correspondientes frente al incumplimiento de medidas preventivas impuestas a la municipalidad distrital.
Estas disposiciones estaban relacionadas con el esparcido, compactación y cobertura de residuos sólidos, además de la elaboración y ejecución de un plan de vigilancia destinado a evitar la quema de basura.
La falta de seguimiento habría impedido la aplicación de las multas coercitivas previstas frente al incumplimiento de las medidas.
Informe fue remitido para determinar responsabilidades
Ante los hallazgos, la auditoría de cumplimiento fue comunicada a la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República, a fin de que se inicien las acciones legales correspondientes.
Asimismo, el informe fue remitido al titular del OEFA para que se realice el deslinde de las responsabilidades que correspondan respecto de los funcionarios y servidores involucrados.
Los casos observados ponen nuevamente bajo la lupa la efectividad de la fiscalización ambiental en La Libertad, particularmente frente a actividades que pueden generar impactos sobre el agua, el suelo y el manejo de residuos.
