El Gobierno articula esfuerzos entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y diversos sectores para frenar el avance de la minería ilegal en la provincia liberteña, foco de delitos ambientales y violencia criminal.
El Estado peruano intensificó su estrategia de lucha contra la minería ilegal en la provincia de Pataz, región La Libertad, mediante la articulación de acciones entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú (PNP) y entidades sectoriales como Energía y Minas, Ambiente e Interior.
Esta operación coordinada, respaldada por el Comando Unificado Pataz, busca recuperar el control territorial, erradicar campamentos ilegales y desmantelar redes criminales que financian actividades ilícitas vinculadas a la extracción aurífera informal.
De acuerdo con información oficial, los operativos recientes permitieron la intervención de 12 bocaminas y 5 plantas de procesamiento valorizadas en más de 36 millones de soles, además de la incautación de maquinaria, insumos químicos y explosivos empleados en la actividad ilegal.
“El Estado está actuando de manera integral. No se trata solo de destruir maquinaria, sino de cortar la cadena logística, controlar los insumos y frenar el lavado de dinero que alimenta a estas organizaciones criminales”, señalaron fuentes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA).
El Ejecutivo ha dispuesto nuevos recursos económicos y operativos para mantener presencia sostenida en la zona, junto con la revocación de más de 1,400 registros mineros del REINFO que eran usados como fachada para encubrir operaciones ilegales.
Asimismo, se evalúa la implementación de sistemas de trazabilidad del oro y la fiscalización de la cadena de transporte, con el fin de prevenir que el mineral extraído ilegalmente ingrese al mercado formal.
Pataz se ha convertido en uno de los epicentros más críticos de la minería ilegal en el norte del país, afectando ecosistemas, generando contaminación por mercurio y provocando enfrentamientos armados entre bandas rivales.
“El objetivo es restablecer el orden y la seguridad, pero también impulsar una formalización minera responsable que permita a los trabajadores operar dentro de la ley”, indicaron representantes del Ministerio de Energía y Minas.
A pesar de los avances, expertos advierten que la lucha contra la minería ilegal debe complementarse con políticas de desarrollo alternativo, presencia del Estado en las comunidades y transparencia en el uso de los recursos asignados.
El Estado busca consolidar así un modelo de intervención articulada y sostenida, que combine control, fiscalización y desarrollo social para erradicar una actividad que ha dejado secuelas ambientales, económicas y humanas en la sierra liberteña.