Investigación revela que una misma persona figura como propietario de la empresa que ejecuta la construcción y otra que supervisa la obra, lo que abre cuestionamientos sobre control, transparencia y conflicto de intereses.
Una investigación publicada por Macronorte confirmó que el empresario Miguel Alejandro Zegarra Macchiavello figura como propietario de las dos empresas que tienen roles centrales en la obra de mejoramiento del Hospital Tomás Lafora, en la provincia de Pacasmayo (región La Libertad):
- Por un lado, la empresa CMO Group S.A.C., que junto a Consultoría & Construcción Grupo Pérgola S.A.C. forma el Consorcio Hospitalario Pacasmayo, encargado de la ejecución de la obra.
- Por otro lado, la empresa Motlima Consultores S.A., que integra junto a CORPEI S.A. el Consorcio Hospitalario Guadalupe, responsable de la supervisión de la misma obra.
Este paralelismo empresarial genera serias dudas sobre la independencia técnica de la supervisión: ¿cómo puede una empresa supervisar una obra si su dueño también participa de la ejecución? En el marco de una obra pública cercana a los S/ 400 millones —en un terreno de 20 439 m²—, dichas preguntas adquieren aún más peso.
Además, CMO Group fue sancionada en 2021 con una inhabilitación temporal de cuatro meses para contratar con el Estado, tras presentar “información inexacta” en un proceso licitatorio.
⚠️ Riesgos para la obra y para el ciudadano
- La posibilidad de que la supervisión no sea verdaderamente independiente puede implicar falta de control, sobrecostos, demora o fallas técnicas que afecten a los beneficiarios.
- Dado que se trata de un hospital público regional, el impacto es directo sobre la salud de miles de personas de Pacasmayo y zonas aledañas.
- El hecho refuerza la necesidad de instrumentos de transparencia, comités de seguimiento ciudadano y un control institucional más riguroso.
✅ Lo que se puede y se debería hacer
- Formar un comité de seguimiento ciudadano que incluya a la sociedad civil, el Congreso, la Contraloría y autoridades regionales, para monitorear la obra desde su ejecución hasta su entrega.
- Que la región La Libertad y el ente ejecutor de la obra clarifiquen públicamente los vínculos societarios de ambas empresas, así como los mecanismos de supervisión independientes.
- Que la Contraloría y el Ministerio de Salud (o la unidad ejecutora correspondiente) verifiquen que los contratos de supervisión y ejecución cumplan con la normativa de contratación pública, especialmente en materia de conflictos de interés.
Este caso ejemplifica cómo una infraestructura de gran escala —clave para la salud pública— requiere no solo inversión, sino también transparencia, buen gobierno y rendición de cuentas. Los ciudadanos lo demandan, y los responsables públicos lo deben garantizar.