Vicente Tiburcio, titular del Ministerio del Interior (Mininter), confirma ante el Congreso la adquisición inmediata de equipos antidisturbios que llevaban años postergados.
En plena crisis social y política, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció ante el Congreso que el Gobierno procederá a la compra inmediata de 44 rochabuses y 56 tanquetas, vehículos policiales diseñados para el control de manifestaciones.
Tiburcio explicó que la adquisición estaba pendiente “desde hace casi una década”. “Encontramos esto: tenemos para comprar cuarenta y cuatro rochabús y cincuenta y seis tanquetas. Esto se viene postergando año a año durante nueve años”, declaró durante su exposición ante las comisiones de Defensa y Transportes.
Contexto de la decisión
- La decisión se da en medio de una nueva ola de protestas en Lima —una de ellas dejó al menos un muerto y centenares de heridos— lo que ha reavivado el debate sobre el control de multitudes y el uso de la fuerza estatal.
- El ministro también adelantó que el Mininter prepara un paquete legislativo que permitiría la intervención del Fuerzas Armadas del Perú en futuras movilizaciones, bajo condiciones aún por definir.
Implicancias
- Por un lado, la modernización del equipamiento policial podría mejorar la capacidad del Estado para responder ante disturbios, bloqueos o movilizaciones sociales.
- Pero, por otro lado, la compra de vehículos como rochabuses y tanquetas —tradicionalmente asociados al control de multitudes— plantea riesgos en materia de libertad de reunión, derechos humanos y proporcionalidad en el uso de la fuerza.
- También surge la pregunta sobre prioridades presupuestales: ¿es la adquisición de este tipo de equipos la mejor asignación en un momento de malestar social, o debería priorizarse el diálogo y mecanismos de resolución más amplios?
Lo que viene
El Congreso y la ciudadanía tendrán atención puesta en:
- Los detalles de la licitación, montos, plazos y transparencia en la compra de estos equipos.
- Las reglas operativas que definirán cuándo y cómo se emplearán esos vehículos: protocolos, supervisión civil, mecanismos de rendición de cuentas.
- El desarrollo del marco legal que regulará la posible intervención militar en seguridad interna, lo cual podría implicar cambios en la concepción del control democrático del orden público.
Una señal política en medio de la tensión
El anuncio de Tiburcio llega en un momento en que el Ejecutivo busca reafirmar autoridad ante una ciudadanía cada vez más desconfiada del poder estatal. Sin embargo, la decisión podría interpretarse como una respuesta más orientada al control que al diálogo. Mientras el país exige soluciones frente al desempleo, la corrupción y la inseguridad, el Gobierno apuesta por blindar sus calles. La pregunta es si ese blindaje será también simbólico: un cierre de puertas ante la protesta y la voz ciudadana.