Proyecto turístico en el malecón Grau sigue paralizado por interferencias técnicas, mientras terminal terrestre en Puerto Malabrigo permanece sin uso y expuesto al deterioro.
La Contraloría General de la República advirtió serias deficiencias en la ejecución de obras públicas en la región La Libertad, donde proyectos que superan los S/ 30 millones presentan retrasos, problemas técnicos y falta de funcionamiento en las localidades de Pacasmayo y Puerto Malabrigo.
Uno de los casos más críticos es el proyecto de “Mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos públicos en el Malecón Grau”, en Pacasmayo, que supera los S/ 20 millones de inversión. La obra, iniciada en octubre de 2024 y prevista para culminar en noviembre de 2025, ha sufrido múltiples paralizaciones y ampliaciones, reprogramándose ahora hasta enero de 2027.
Según el informe, el principal problema radica en la falta de reubicación de postes de alumbrado público y redes de telecomunicaciones, lo que impide avanzar con trabajos clave como demoliciones y excavaciones. Además, se detectaron deficiencias técnico-constructivas que podrían comprometer la calidad y durabilidad de la infraestructura.
En paralelo, la entidad de control también evidenció que el terminal terrestre de Puerto de Malabrigo, en el distrito de Rázuri, continúa sin operar pese a haber sido culminado en su infraestructura a fines de 2025, con una inversión de S/ 7.5 millones.
La obra permanece inactiva debido a que la municipalidad no ha elaborado el expediente técnico necesario para su implementación con mobiliario. Esta situación ha generado el deterioro progresivo de la infraestructura, con presencia de corrosión, vidrios rotos y robo de componentes metálicos.
Asimismo, la falta de operatividad del terminal ha ocasionado que unidades de transporte público utilicen espacios públicos como paraderos informales, afectando el orden urbano y el servicio a pasajeros y turistas.
La Contraloría advirtió que estas deficiencias reflejan problemas de gestión y supervisión, por lo que instó a las autoridades a adoptar medidas correctivas para evitar mayores perjuicios económicos y garantizar que las obras cumplan su finalidad.