Un reportaje de Conexión Norte revela que proyectos vinculados a la gestión de César Acuña carecen de garantías contractuales esenciales, lo que aumenta el riesgo de abandono por parte de los consorcios adjudicados.
Una investigación reciente publicada por Conexión Norte alerta sobre una grave irregularidad en los contratos de obras públicas ejecutados en La Libertad: variantes de miles de millones de soles fueron adjudicadas sin contar con carta fianza, lo que contravendría estándares de garantía esenciales y podría permitir que los consorcios abandonen las obras sin penalización alguna.
La empresa LC & EC Constructora SAC, vinculada a la joven empresaria Lucero Nicole Coca Condori, adjudicó proyectos por un total de más de S/ 300 millones, incluyendo la construcción del Corredor Vial Norte Huanchaco–Trujillo (S/ 121 millones) y la ampliación del Hospital de Virú (S/ 194 millones).
Según el informe, estos contratos fueron firmados sin presentar carta fianza obligatoria, un instrumento que garantiza el cumplimiento oportuna de las obras y protege al Estado ante incumplimientos de los adjudicatarios.
Se menciona que la falta de garantía se habría justificado bajo la Ley 32103, aprobada recientemente, que permite la retención de pagos como alternativa, en lugar de exigir el respaldo de una póliza externa. Sin embargo, críticos advierten que esta medida debilita la supervisión y deja al Estado expuesto a posibles abandonos o incumplimientos.
La situación ha puesto en alerta a la Fiscalía Anticorrupción y la Contraloría General de la República, que ya investigan los procesos de selección de los consorcios y la ausencia de garantías obligatorias.
El consejero regional Robert de la Cruz cuestionó públicamente este modo de adjudicación y exigió explicaciones claras sobre cómo se validó la ejecución de proyectos sin cartas fianza, especialmente cuando la empresa principal no tiene experiencia técnica ni respaldo financiero. Al respecto, funcionarios regionales alegan que la experiencia fue acreditada por empresas aliadas del consorcio, no por la empresa beneficiaria principal.
La omisión de este elemento clave en contratos de alta envergadura ha sido descrita como una “trampa legal potencial” que podría permitir a los adjudicatarios desistir de los proyectos sin consecuencias financieras inmediatas, mientras el Estado afronta la responsabilidad de completar las obras o absorber los costos