Informe periodístico revela que una agencia de publicidad habría recibido fondos del Gobierno Regional de La Libertad para asesorar comunicacionalmente a la gestión de César Acuña durante la polémica por el caso “Cocaobras”, lo que ha generado cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.
Una investigación periodística reveló que una agencia publicitaria habría recibido recursos del Gobierno Regional de La Libertad para asesorar comunicacionalmente a la gestión del entonces gobernador César Acuña en medio de la polémica generada por el caso conocido como “Cocaobras”.
Según el informe, la contratación se realizó con fondos públicos, lo que ha generado cuestionamientos sobre el uso de recursos del Estado para gestionar la imagen de la administración regional frente a críticas relacionadas con dicho caso.
Contrato con recursos del Estado
De acuerdo con la publicación, el Gobierno Regional habría destinado cientos de miles de soles para contratar servicios de asesoría en comunicación estratégica y manejo de imagen. La finalidad habría sido orientar la respuesta mediática y política de la gestión regional ante las denuncias vinculadas al caso “Cocaobras”.
El reportaje sostiene que el gasto público no solo se habría dirigido a campañas informativas, sino también a servicios de asesoría comunicacional y estrategias digitales para posicionar mensajes favorables a la gestión.
Cuestionamientos por el uso de fondos
La revelación ha generado críticas sobre el uso de dinero público para fines de comunicación política, especialmente en un contexto en el que la gestión regional enfrentaba cuestionamientos por presuntas irregularidades en obras públicas.
En los últimos años, diversas denuncias han puesto bajo la lupa contratos de publicidad y comunicación en el Gobierno Regional de La Libertad, incluso con investigaciones fiscales sobre posibles irregularidades en contrataciones y uso de recursos públicos.
Debate sobre transparencia
El caso ha reavivado el debate sobre la transparencia en la contratación de servicios de comunicación por parte de entidades públicas, así como sobre los límites entre la difusión institucional y la promoción política de autoridades.
Analistas señalan que este tipo de contrataciones deben justificar claramente su utilidad pública, ya que involucran recursos provenientes del presupuesto del Estado.