Firma señalada por incumplimientos en las Elecciones 2026 mantuvo vínculos con el Estado y la Municipalidad de Lima por más de S/ 5 millones.
La empresa Servicios Generales Galaga, señalada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como responsable del retraso en la entrega de material electoral durante las Elecciones Generales 2026, también fue proveedora de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) durante la gestión del entonces alcalde Rafael López Aliaga.
Según un informe periodístico, la compañía mantiene contratos con el Estado desde el año 2020 y acumuló al menos siete órdenes de servicio con la ONPE entre 2020 y 2023, por un monto superior a los S/ 5 millones.
Asimismo, la firma suscribió un contrato con la Municipalidad de Lima por S/ 686,400 para el traslado de materiales y equipos destinados a labores de fiscalización, el cual estuvo vigente entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, periodo correspondiente a la gestión de López Aliaga.
El cuestionamiento surge en medio de los problemas registrados durante la jornada electoral, donde múltiples locales de votación, principalmente en Lima Metropolitana, reportaron retrasos en la instalación de mesas debido a la falta de material electoral.
La ONPE responsabilizó directamente a la empresa por no cumplir con la distribución oportuna de equipos, cédulas y ánforas, lo que obligó a activar planes de contingencia para mitigar el impacto en el proceso.
Además, se conoció que la compañía no contaba con los vehículos suficientes para garantizar el traslado del material, pese a haber asumido el contrato para esta tarea logística en los comicios.
Otro aspecto que genera preocupación es que la empresa acumula antecedentes de penalidades por incumplimientos en servicios similares con la propia ONPE en años anteriores, lo que ha reavivado el debate sobre los criterios de contratación en procesos clave como las elecciones.
En paralelo, distintos actores políticos han solicitado investigaciones para esclarecer las responsabilidades tanto de la empresa como del organismo electoral, en medio de cuestionamientos que incluso han derivado en denuncias y pedidos de sanción.
El caso se produce en un contexto electoral sensible, donde la transparencia y eficiencia en la organización de los comicios resultan fundamentales para garantizar la confianza ciudadana en el proceso democrático.