El uso de recursos públicos para pintar con colores partidarios un inmueble cultural genera cuestionamientos en El Porvenir. Regidora denuncia ante Contraloría y exige priorizar mejoras urgentes en infraestructura.
La Municipalidad Distrital de El Porvenir se encuentra en el ojo de la tormenta tras pintar la Casa de la Cultura con colores similares a los del partido político Alianza Para el Progreso (APP), liderado por el gobernador regional César Acuña. La decisión, ejecutada durante la gestión del alcalde Juan Carranza Ventura —afiliado a dicha agrupación política—, ha sido calificada como un acto de proselitismo político por la regidora Johana Oloya, quien presentó una denuncia formal ante la Contraloría General de la República.
Según información obtenida por medios locales, el pintado del inmueble costó S/ 42,774.86 y se realizó bajo la modalidad de administración directa. Las imágenes difundidas muestran claramente que los muros de la Casa de la Cultura fueron repintados con una paleta de tonos celestes y blancos, característicos de APP, lo que ha encendido las alarmas sobre un posible uso indebido de fondos públicos con fines partidarios.
“Los colores son prácticamente idénticos a los del partido del alcalde. Este espacio es para promover arte, educación y cultura, no para hacer campaña política disfrazada”, manifestó la regidora Oloya en declaraciones a medios regionales. Asimismo, cuestionó que la inversión se destinara a pintura, cuando el inmueble aún presenta problemas estructurales graves como techos deteriorados y filtraciones de agua.
El alcalde Carranza, por su parte, restó importancia al asunto y aseguró que se trató de un simple mantenimiento que continúa con el estilo ya existente. Sin embargo, la regidora mostró fotografías del antes y después del inmueble, evidenciando un cambio significativo en los colores utilizados.
Organizaciones ciudadanas y vecinos del distrito también expresaron su malestar, al considerar que los espacios públicos no deben utilizarse para favorecer símbolos políticos, sino para el bienestar colectivo. “Necesitamos espacios seguros, con techos en buen estado y programación cultural, no propaganda encubierta”, señaló una dirigente vecinal.
La denuncia ha sido remitida a la Contraloría para su evaluación, y se espera una investigación que determine si existió una vulneración de las normas de neutralidad y uso de recursos públicos.
Este caso reabre el debate sobre los límites del accionar político en la gestión municipal y la urgencia de garantizar la imparcialidad del uso de los bienes del Estado. Mientras tanto, la ciudadanía espera respuestas claras y acciones correctivas.