A tres meses de la tragedia que dejó seis muertos y más de 80 heridos, las investigaciones apuntan al uso de pernos A36, de menor resistencia, como factor determinante en el colapso estructural. Empresas involucradas dieron versiones contradictorias.
A tres meses del trágico colapso del techo en el centro comercial Real Plaza Trujillo, que causó la muerte de seis personas y dejó más de 80 heridas, la Fiscalía ha identificado una posible causa estructural: el uso de pernos inadecuados en la conexión de la infraestructura metálica.
Según declaraciones recogidas por el Ministerio Público, el ingeniero civil Julio Rivera, autor de los planos de ampliación de la edificación, afirmó que la estructura debió ensamblarse con pernos de tipo A325, diseñados para soportar cargas estructurales pesadas. Sin embargo, las inspecciones en el lugar del siniestro revelaron la presencia de pernos tipo A36, con menor capacidad de resistencia y visibles signos de oxidación.
Ante estos hallazgos, las empresas responsables de la obra han presentado versiones contradictorias. El consorcio constructor Activa BGS aseguró que el uso de los pernos A36 fue aprobado por los responsables de la supervisión. En contraste, la empresa supervisora SCHT negó haber sido informada de cambios en los materiales usados durante la obra. La subcontratista Famome, encargada del montaje estructural, no ha respondido a los requerimientos informativos.
Consultado como especialista, el arquitecto Gerardo Berdejo calificó el uso de materiales no apropiados como una “mala práctica” de ingeniería y sostuvo que una estructura de este tipo debía resistir durante toda la vida útil del edificio. “El tipo de perno empleado es determinante para garantizar la seguridad estructural. Usar uno de menor especificación pone en riesgo toda la construcción”, señaló.
Ante la gravedad de los hechos, Real Plaza anunció que iniciará acciones legales contra las empresas involucradas en la construcción y supervisión de la ampliación del centro comercial. La investigación sigue en curso y busca determinar responsabilidades penales por el fallecimiento de las víctimas y los daños ocasionados.
Este caso ha reabierto el debate sobre los estándares de supervisión técnica en obras privadas de gran envergadura, así como la necesidad de una fiscalización más rigurosa para garantizar la seguridad de la ciudadanía en espacios públicos.
