La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad recibió una acusación por estafa, falsedad ideológica, exposición al peligro y otros delitos al detectar que el colegio operaba sin autorización oficial.
El presbítero Nilton Saavedra Falcón, párroco de la iglesia Cristo Redentor en la urbanización La Noria, y varios funcionarios de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (GRELL), fueron denunciados penalmente por el presunto funcionamiento irregular del colegio privado Hosanna. La acusación fue presentada por Manuel Benjamín Ruiz Briones, presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Cívica de Defensa de los Intereses del Perú.
Acusaciones y posibles delitos
La denuncia, ingresada a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad, imputa al párroco delitos como cohecho pasivo propio, estafa, falsedad ideológica y exposición de personas en peligro, en calidad de autor mediato.
Según la denuncia:
- Desde enero de 2023, el colegio Hosanna habría operado desde el complejo parroquial Cristo Redentor sin autorización oficial.
- Se habrían usado códigos modulares de otras instituciones educativas para funcionar irregularmente.
- Padres de familia pagaban por servicios no reconocidos por el Ministerio de Educación.
- La Arquidiócesis de Trujillo es mencionada como responsable solidaria, pues el inmueble parroquial pertenece a ella, y habría sido utilizado para beneficio de la empresa Colegio Privado Hosanna S.A.C.
Implicados
Además del párroco Nilton Saavedra, la denuncia señala también:
- Juan Carlos Saavedra Falcón, director del colegio.
- Mara Georgette Valderrama Rodríguez, gerente general de la institución.
- Julio Martín Camacho Paz, gerente regional de Educación de La Libertad, por abuso de autoridad, omisión de actos funcionales y encubrimiento.
- Rosario Teodolinda Villar Hoyos y Gabriela Lizandra Peña Arriola, especialistas legales de Instituciones Educativas Privadas de la GRELL, también por omisión de actos funcionales y posible encubrimiento.
Relevancia y próximos pasos
La denuncia sostiene que las autoridades educativas regionales tenían conocimiento desde 2024 de los informes técnicos y oficios que recomendaban revocar la autorización del colegio, pero no se tomaron medidas.
Se ha solicitado que la Arquidiócesis de Trujillo sea incorporada como tercero civilmente responsable, ya que podría haber obtenido beneficios de la operación irregular.
La Fiscalía ahora evaluará si abre una investigación formal contra los implicados e indagará el alcance total de las actividades presuntamente ilícitas.