Una denuncia penal fue presentada ante la Fiscalía de Trujillo contra funcionarios del Gobierno Regional de La Libertad y de la Gerencia Regional de Educación (GRELL) por presunta omisión y demora deliberada de actos funcionales que habrían asegurado la vigencia de una resolución cuestionada.
Una denuncia penal fue presentada ante la Fiscalía Provincial Penal de Turno de Trujillo contra funcionarios del Gobierno Regional de La Libertad y de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (GRELL), a quienes se les atribuye haber incurrido en presunta omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, un delito tipificado en el artículo 377 del Código Penal, con el objetivo de blindar administrativamente una resolución cuestionada en perjuicio del interés público.
La queja se centra en la Resolución Gerencial Regional N.° 000448-2024-GRLL-GGR-GRE, emitida el 5 de febrero de 2024, mediante la cual se reconoció el pago de una bonificación por preparación de clases a favor de Francisca Zelmira Paz Sevillano de Camacho. Según el denunciante, esta resolución se habría dictado en contravención de una sentencia judicial firme emitida por el Segundo Juzgado Laboral en 2019, y pese a alertas formales para corregir la situación, el trámite administrativo fue mantenido sin resolución hasta agotar el plazo legal para su anulación.
El escrito presentado ante el Ministerio Público detalla que, pese a advertencias documentadas y a oficios del Ministerio de Educación que solicitaban la nulidad de oficio del acto administrativo cuestionado, los funcionarios presuntamente retardaron las decisiones clave en dos expedientes administrativos estratégicos. Esta inacción funcional habría tenido como efecto que el tiempo transcurriera sin pronunciamiento legal ni técnico, dejando la resolución en firme sin que pudiera ser anulada conforme a ley.
Para el denunciante, la conducta no es un caso aislado, sino que podría constituir una cadena de omisiones funcionales coordinadas, lo que compromete posibles responsabilidades penales, administrativas y funcionales. Por ello se ha solicitado a la Fiscalía una investigación profunda para esclarecer si existió una acción deliberada para proteger una resolución presuntamente ilegal y lesiva al interés público.