Poder Judicial respalda acuerdo municipal que declara de interés público el proyecto cultural y permite avanzar en la recuperación del terreno.
La Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad confirmó la sentencia que declara infundada la demanda interpuesta por el Club Libertad contra la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), ratificando la validez del Acuerdo de Concejo N.° 152-2024-MPT que declara de necesidad pública el proyecto “Plaza Cultural de la Marinera”.
El alcalde Mario Reyna Rodríguez expresó su satisfacción por el fallo en segunda instancia, señalando que con esta decisión se mantiene vigente el proceso de expropiación del terreno donde se desarrollará este espacio cultural.
Proyecto con sustento constitucional
El colegiado determinó que la iniciativa municipal cumple con el estándar constitucional establecido en el artículo 70° de la Constitución, al promover la marinera como una expresión cultural emblemática de Trujillo y del país.
Asimismo, se descartó la supuesta falta de motivación del acuerdo edil, al comprobarse que está sustentado en razones culturales, urbanísticas y de interés público.
Proceso judicial y situación del predio
El proceso contencioso-administrativo, identificado con el expediente N.° 01154-2025-0-1601-JR-CI-09, buscaba anular el acuerdo municipal aprobado en noviembre de 2024. Sin embargo, el Poder Judicial concluyó que el Club Libertad no logró acreditar la propiedad del inmueble de 2.5 hectáreas, además de haber fallado previamente en un proceso de prescripción adquisitiva.
Con esta resolución, se fortalece la posición de la Procuraduría Pública de la MPT en la defensa de proyectos de interés público.
Impulso a la identidad cultural
El proyecto “Plaza Cultural de la Marinera” será ejecutado en un terreno ubicado en la intersección de la avenida España con los jirones Independencia y Bolognesi, y busca revalorar esta danza tradicional, reconocida como patrimonio cultural del Perú.
Para su ejecución, la comuna prevé recuperar el predio mediante expropiación o proceso judicial de desalojo, en coordinación con la Beneficencia Pública, actual titular del terreno.