El contrato con el consorcio encargado del proyecto fue resuelto tras verificarse incumplimientos y una reactivación parcial de los trabajos. La alternativa planteada busca incorporar a una nueva empresa entre diciembre de 2026 y enero de 2027.
El Corredor Vial Trujillo-Huanchaco tendrá que afrontar una nueva etapa luego de que el Gobierno Regional de La Libertad resolviera el contrato con el consorcio encargado de su ejecución. El saldo de obra será encaminado mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, con el objetivo de conseguir una empresa que continúe y culmine los trabajos pendientes.
El procurador regional, Pedro Armas, informó que existe una medida cautelar que permite avanzar con la determinación del saldo de obra pese al proceso arbitral derivado de la resolución contractual.
Según explicó, esta medida busca evitar que el arbitraje termine bloqueando la continuidad del proyecto durante el tiempo que pueda durar el procedimiento. La entidad podrá determinar las prestaciones pendientes y adoptar las acciones necesarias para continuar con la obra.
¿Por qué se resolvió el contrato?
La decisión se tomó después de una serie de verificaciones sobre el avance de los trabajos. El gerente regional de Infraestructura, Aldo Zambrano, señaló que inicialmente se identificaron partidas que ya estaban liberadas para su ejecución, pero que no habían sido atendidas por la empresa.
Posteriormente, mediante una carta notarial, se exigió el reinicio de los frentes de trabajo y la corrección de los incumplimientos en un plazo de 15 días calendario.
El 5 de agosto se realizó una constatación física y se encontró que la reactivación había sido parcial. De los nueve puntos que debían retomarse, únicamente se había reiniciado el pavimento, mientras permanecían pendientes trabajos relacionados con sardineles, alcantarillas y seguridad.
La empresa recibió un segundo apercibimiento por otros 15 días. Sin embargo, durante una nueva inspección realizada el 22 de agosto, persistían frentes sin reactivar y, según el informe regional, también se constató la ausencia de especialistas y personal clave.
Con estos antecedentes, el informe correspondiente fue elaborado y el 1 de septiembre se emitió la carta de resolución contractual, que fue notificada a la empresa al día siguiente.
Buscan una nueva empresa
El gerente general regional, Roger Ruiz, indicó que existen empresas interesadas en asumir la continuidad del proyecto y confirmó que la alternativa que se evalúa es recurrir a Obras por Impuestos.
La expectativa expresada por el equipo regional es contar entre diciembre de 2026 y enero de 2027 con una empresa que pueda asumir inicialmente el expediente del saldo de obra y posteriormente ejecutar los trabajos pendientes.
El mecanismo elegido busca permitir la participación del sector privado en la culminación del proyecto, mientras el Gobierno Regional avanza paralelamente con las acciones técnicas y legales necesarias.
Por ahora, el corredor enfrenta el reto de superar el cambio de contratista sin que el proceso arbitral termine generando una nueva paralización. La determinación del saldo de obra y la incorporación de una nueva empresa serán los siguientes pasos para definir cuándo podrán retomarse y concluirse los trabajos pendientes.