Un informe de la Contraloría advirtió que siete personas fueron acreditadas para representar a la Universidad Nacional de Trujillo en un arbitraje pese a no mantener vínculo contractual con la institución. El caso involucra al jefe de Asesoría Jurídica y a un abogado contratado bajo la modalidad de locación de servicios.
La Universidad Nacional de Trujillo (UNT) se encuentra nuevamente bajo la atención de los organismos de control luego de que la Contraloría General de la República detectara presuntas irregularidades en la defensa legal de la casa superior de estudios durante un proceso arbitral.
De acuerdo con el Informe de Orientación de Oficio N.° 020-2026-OCI/0222-SOO, el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, Omar Cruzado Lescano, y el abogado Rider Ali Vera Moreno habrían acreditado a siete personas para representar a la universidad en un arbitraje seguido contra la empresa Paloje Contratistas Generales EIRL, pese a que estas no mantenían vínculo contractual con la institución.
Contraloría cuestiona delegación de funciones
Según el informe, Rider Ali Vera Moreno fue contratado mediante una orden de servicio por seis meses para brindar análisis, evaluación legal y representación procesal en arbitrajes. Sin embargo, la Contraloría observó que el contrato establecía expresamente que las obligaciones asumidas por el locador eran intransferibles y no podían ser delegadas a terceros.
Pese a ello, pocos días después de la contratación se presentó un escrito ante el tribunal arbitral acreditando a siete personas para asumir la defensa de la universidad de manera conjunta o individual.
No existía relación contractual con los representantes acreditados
El órgano de control también verificó que las personas designadas utilizaban correos electrónicos y documentación vinculada a un estudio jurídico privado. Sin embargo, la UNT confirmó que la única contratación vigente para la representación arbitral correspondía al abogado Rider Ali Vera Moreno y que no existían otros contratos relacionados con dicho proceso.
La Contraloría concluyó que ni el jefe de Asesoría Jurídica ni el abogado contratado estarían facultados para designar a terceros en representación de la universidad dentro del arbitraje. Además, señaló que las siete personas acreditadas no contaban con respaldo contractual que sustentara legalmente su actuación.
Tres acreditados no tendrían título de abogado
Otro hallazgo revelado por el informe está relacionado con la condición profesional de algunos de los representantes acreditados. La Contraloría indicó que, tras revisar información de la SUNEDU, identificó que tres de las personas designadas no registran título profesional de abogado. Dos de ellas figuran únicamente con grado de bachiller en Derecho y una tercera no registra grado ni título profesional en el sistema consultado.
Los hechos fueron comunicados al rector de la UNT para que adopte las acciones preventivas y correctivas que correspondan dentro del marco de sus competencias.