Contraloría advierte que Municipalidad de La Esperanza no devolvió más de S/ 36 mil del programa Llamkasun

Informe revela que la comuna no rindió cuentas ni restituyó saldo pendiente tras convenio para limpieza de avenida José Gabriel Condorcanqui.

La Contraloría General de la República informó que la Municipalidad Distrital de La Esperanza no devolvió un saldo de S/ 36 052,61 correspondiente a fondos del programa de empleo temporal Programa Llamkasun Perú, pese a los reiterados requerimientos para regularizar la rendición de cuentas.

El monto forma parte de un convenio suscrito en diciembre de 2024 (Convenio de Intervención Inmediata N.º 43-0001-AII-83), destinado a la limpieza y acondicionamiento de la avenida José Gabriel Condorcanqui, que generó 43 empleos temporales y tenía un financiamiento total de S/ 182,897.

Hallazgos del informe

  • La Contraloría constató que la comuna levantó solo parcialmente las observaciones del informe mensual de febrero; las de marzo y abril no fueron subsanadas.
  • El convenio fue resuelto el 23 de abril de 2025, tras lo cual la municipalidad tenía siete días hábiles para rendir cuentas y devolver el saldo —plazo incumplido.
  • En el informe técnico-financiero emitido en septiembre se determinó que solo se justificó S/ 146,844.39, dejando el saldo pendiente de S/ 36,052.61.
  • A pesar de los requerimientos, la municipalidad no restituyó el monto, lo que podría impedir su participación en futuros convenios del programa y abre la posibilidad de acciones legales.

Implicancias y posibles consecuencias

El órgano de control advierte que estos hechos constituyen un indicio de irregularidad y exhorta a la Municipalidad de La Esperanza a asumir responsabilidades, regularizar la situación y devolver los recursos públicos. De no hacerlo, la comuna podría enfrentar sanciones, quedar inhabilitada para nuevos convenios del Llamkasun e incluso ser objeto de procesos judiciales.

La falta de devolución y rendición de cuentas pone en tela de juicio la transparencia de la gestión municipal y debilita los programas de apoyo dirigidos a población vulnerable, afectando la confianza ciudadana en las autoridades.