El OMI advierte que esta actividad ilícita mueve alrededor de US$ 11 500 millones al año y propone cerrar el Reinfo, fortalecer la persecución penal y prohibir progresivamente el uso del mercurio.
El Observatorio de Minería Ilegal (OMI) planteó que un eventual gobierno de Keiko Fujimori tenga como una de sus principales prioridades la lucha contra la minería ilegal, actividad que, según la organización, genera alrededor de 11 500 millones de dólares al año y constituye una de las principales economías ilícitas del país.
El especialista del OMI, César Ipenza, señaló que los primeros cien días de la próxima gestión serán determinantes para contener el avance de esta actividad, que ya no solo representa un problema ambiental, sino que también financia organizaciones criminales y contribuye al incremento de la violencia.
Entre las principales recomendaciones figura el cierre definitivo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). El observatorio sostiene que este mecanismo, creado para facilitar la formalización de pequeños productores, terminó siendo utilizado por miles de mineros para continuar extrayendo oro sin cumplir con las exigencias ambientales y legales.
Asimismo, propone eliminar el blindaje legal que actualmente beneficia a los inscritos en el Reinfo. Según el OMI, el nuevo gobierno debería establecer responsabilidades penales y civiles para quienes continúen desarrollando actividades mineras en zonas prohibidas o incumplan la normativa ambiental.
La organización también plantea fortalecer la capacidad operativa de la Fiscalía para ejecutar acciones de interdicción contra las mafias vinculadas a la minería ilegal, al advertir que la falta de presupuesto limita las intervenciones en territorios controlados por organizaciones criminales.
Otra de las propuestas es reforzar los mecanismos anticorrupción dentro del Ministerio de Energía y Minas (Minem), especialmente en la Dirección General de Formalización Minera, debido a las denuncias por presuntas irregularidades en la tramitación de expedientes. Además, considera que la reciente Política Antisoborno del sector debe ser fortalecida durante la próxima gestión.
El OMI también recomienda aprobar una norma que elimine de manera progresiva el uso del mercurio hasta prohibirlo completamente en el año 2030, implementar el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal para mejorar la trazabilidad del oro y prohibir mediante decreto supremo la actividad minera en los ríos amazónicos.
El observatorio concluye que el principal desafío del próximo gobierno será impedir que la minería ilegal continúe consolidándose como una amenaza para la seguridad, la gobernabilidad y el medio ambiente en el Perú.