El Pleno del Congreso aprobó en segunda votación una norma que establece que policías y militares que ocasionen lesiones o muertes durante el cumplimiento de sus funciones serán procesados exclusivamente por el fuero militar policial, generando debate entre especialistas y organizaciones de derechos humanos.
El Congreso de la República aprobó en segunda votación una ley que modifica el tratamiento judicial de los casos que involucren a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú durante el ejercicio de sus funciones.
La norma establece que los efectivos militares y policiales que causen lesiones o la muerte en actos de servicio no serán procesados por la justicia ordinaria, sino por la jurisdicción militar policial, siempre que los hechos se produzcan en cumplimiento de su deber.
¿Qué cambia con la nueva ley?
La iniciativa busca delimitar las competencias entre la justicia común y el fuero militar policial, otorgando a este último la facultad de investigar y juzgar presuntos delitos cometidos por efectivos de las fuerzas del orden durante operaciones o intervenciones vinculadas a sus funciones.
Los impulsores de la norma sostienen que esta medida brinda mayor seguridad jurídica a policías y militares que enfrentan situaciones de riesgo en el combate contra la delincuencia, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad nacional.
Debate y cuestionamientos
La aprobación de la ley ha generado posiciones encontradas. Mientras algunos sectores consideran que fortalece la actuación de las fuerzas del orden, especialistas en derechos humanos y juristas han advertido que podría limitar el acceso a la justicia en casos donde existan presuntas vulneraciones de derechos fundamentales.
El debate se centra principalmente en determinar qué hechos deben ser considerados actos de servicio y cuáles deberían mantenerse bajo la competencia de la justicia ordinaria.
Norma genera expectativa
La medida se produce en un contexto marcado por el incremento de la criminalidad y por los constantes pedidos de sectores policiales y militares para contar con mayores garantías legales durante sus intervenciones.
Tras su aprobación en segunda votación, la autógrafa