Especialistas advierten que modificaciones al régimen minero afectarían el canon y regalías que financian infraestructura y servicios básicos.
Una posible modificación al régimen de concesiones mineras podría tener impacto directo en el presupuesto de regiones como La Libertad, donde gran parte de las obras públicas dependen del canon y las regalías generadas por la actividad extractiva.
Según análisis del Videnza Instituto, en la última década los gobiernos regionales y locales han recibido en promedio más de S/ 17,000 millones anuales por estos conceptos, recursos clave para financiar proyectos de desarrollo.
Transferencias clave para la región
A inicios de 2026, La Libertad recibió cerca de:
- S/ 84 millones por adelanto de canon a nivel regional
- S/ 260 millones distribuidos entre municipalidades
Se espera una segunda transferencia, de mayor monto, entre junio y julio.
En 2025, la región recibió más de S/ 2,642 millones por canon y regalías, destinándolos principalmente a obras de transporte, educación, saneamiento y desarrollo agropecuario.
Dependencia del canon minero
De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, en muchas regiones estos recursos representan entre el 70% y 80% del presupuesto público, lo que evidencia su importancia para la ejecución de obras y servicios básicos.
Sin embargo, también se advierte que no todas las autoridades han logrado ejecutar eficientemente estos fondos, especialmente a nivel municipal.
Cambios generarían impacto económico
El dictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas del Congreso plantea modificar las condiciones de las concesiones, lo que implicaría:
- Mayores costos para la inversión minera
- Reducción de plazos de concesión
Según especialistas, estas medidas podrían desincentivar la inversión formal y, en consecuencia, reducir la generación de canon y regalías.
“El impacto sería directo en los presupuestos regionales y locales”, advierten analistas, señalando que esto afectaría la continuidad de obras y nuevos proyectos.
Riesgo para obras y servicios
Sin estos recursos, muchos gobiernos subnacionales tendrían dificultades para:
- Culminar proyectos en ejecución
- Iniciar nuevas obras
- Mantener servicios básicos
Esto podría traducirse en un freno al desarrollo regional, especialmente en zonas donde la inversión pública depende en gran medida de la actividad minera.