Empresa solicita al Gobierno medidas proporcionales que no afecten a operaciones legales ni a miles de trabajadores formales.
Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA) expresó su rechazo a la suspensión del derecho al libre tránsito impuesta por el Gobierno en los distritos de Pataz, Tayabamba y Parcoy, tras los recientes actos de violencia registrados en la zona. La empresa calificó la medida como desproporcionada, al no diferenciar entre minería formal, informal o ilegal.
MARSA, ubicada en Parcoy —a más de 90 kilómetros del lugar de los hechos—, aseguró que sus operaciones se desarrollan en un entorno de paz social, diálogo y cooperación con las comunidades vecinas. Señaló que esta restricción afecta directamente a más de 4,500 trabajadores y a cientos de familias que dependen de la actividad minera formal.
La minera respaldó la intervención del Estado y la presencia de las fuerzas del orden, pero exhortó a que se adopten soluciones focalizadas. “Restringir la operación de empresas formales debilita al sector que sí cumple con la ley, sin atacar la raíz del problema: la minería ilegal y la ausencia de autoridad efectiva”, afirmó.
Finalmente, MARSA reiteró su compromiso con la legalidad y el desarrollo sostenible, y pidió al Ejecutivo rectificar la medida y aplicar acciones justas, que no castiguen a quienes generan empleo y cumplen con las normas.