Más de S/ 827 mil en pérdidas para el crimen organizado en menos de una semana.
En una nueva acción conjunta para enfrentar el avance de la minería ilegal en la sierra liberteña, el Comando Operacional del Norte y el Comando Unificado Pataz (CUPAZ), conformado por las Fuerzas Armadas del Perú y la Policía Nacional, ejecutaron con éxito la «Operación Relámpago II» en el sector Marleny, comunidad Cedro, distrito de Pataz.
Durante la intervención, se incautaron bienes valorizados en S/ 27,450, utilizados directamente en actividades ilícitas, incluyendo herramientas, mangueras, cables eléctricos, cascos y alrededor de mil sacos de polietileno que iban a ser empleados para el acopio y transporte de minerales extraídos de forma ilegal.
Este operativo se suma a los contundentes resultados de la «Operación Relámpago I», llevada a cabo días antes en la misma zona, donde las pérdidas causadas al crimen organizado superaron los S/ 800 mil. En conjunto, ambas operaciones representan un duro revés financiero y logístico para las mafias que operan en esta parte del país.
El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General de Ejército David Ojeda Parra, resaltó la firme decisión del Estado de recuperar el control de las zonas tomadas por redes criminales. “Estamos enfrentando a organizaciones que lucran con la ilegalidad y que afectan el desarrollo de nuestras comunidades. Las Fuerzas Armadas del Perú no retroceden. Seguiremos golpeando con firmeza y precisión, como lo hemos hecho en estas dos operaciones que han significado más de 827 mil soles en pérdidas para estas redes delictivas”, señaló.
Ojeda también subrayó el componente social de estas acciones: “Esta lucha es por el pueblo de Pataz, por su seguridad, su dignidad y su futuro”.
La operación contó con la participación de funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, y se desarrolló en el marco del estado de emergencia vigente, con estricto cumplimiento del mandato constitucional.
Las acciones de interdicción continuarán en los próximos días con el objetivo de erradicar por completo estas actividades ilegales, en coordinación con diversos sectores del Estado, reafirmando el principio de autoridad y el compromiso con el desarrollo sostenible de la región La Libertad.