Pobladores acusan que, pese a disposición de cierre de actividades por parte del Ministerio de Energía y Minas, maquinaria y personal continúan operando en zonas de riesgo en la provincia liberteña.
En medio del estado de emergencia declarado en la provincia de Pataz, La Libertad, por la grave situación de inseguridad vinculada a la minería informal, pobladores han denunciado que algunas empresas continúan operando a pesar de la suspensión oficial de actividades mineras decretada por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
De acuerdo con los testimonios recogidos por medios locales, maquinaria pesada y trabajadores aún estarían activos en zonas donde se ordenó detener cualquier actividad extractiva. Las denuncias fueron acompañadas por videos y fotografías que muestran vehículos y estructuras en funcionamiento dentro de predios vinculados a operaciones mineras presuntamente ilegales.
El MINEM había dispuesto la paralización total de actividades como parte de un paquete de medidas para controlar el crecimiento desbordado de la minería informal, que en los últimos meses ha estado asociada a hechos de violencia, asesinatos y enfrentamientos armados en esta parte del ande liberteño.
Sin embargo, los pobladores acusan una falta de fiscalización efectiva y advierten que las operaciones persisten en lugares como Llacuabamba, Parcoy y Pataz, donde se teme que la continuidad de estas actividades ilegales ponga en mayor riesgo la seguridad de las comunidades.
Las autoridades regionales, por su parte, han solicitado al Ejecutivo el despliegue de más efectivos de la Policía Nacional y del Ejército, así como el fortalecimiento de operativos de control para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
“Estamos preocupados porque hay orden de cierre, pero nadie la está haciendo cumplir. No queremos más muertos ni enfrentamientos, queremos que se respete la ley”, expresó un dirigente vecinal.
Frente a estas denuncias, se espera un pronunciamiento oficial del MINEM y del Ministerio del Interior, a fin de esclarecer los hechos y reforzar las acciones de fiscalización en esta conflictiva zona minera.