Rehabilitación de vía que conecta cinco localidades está detenida desde julio de 2024 y solo tiene un 7% de avance. La comuna no gestionó permisos ni resolvió conflictos con propietarios.
La Contraloría General de la República advirtió que una importante obra de rehabilitación vial en el distrito de Pataz, región La Libertad, se encuentra paralizada desde el 5 de julio de 2024, con apenas un 7% de avance físico, a pesar de tener una inversión comprometida de más de S/ 24 millones. El plazo contractual de la obra culminó el 21 de abril de 2025, sin que hasta la fecha la Municipalidad Distrital de Pataz haya adoptado acciones para su reinicio.
El proyecto en cuestión busca mejorar la transitabilidad entre las localidades de Pataz, Pueblo Nuevo, Zarumilla, Cedro y Vijus, sectores que actualmente enfrentan serias limitaciones en el acceso vehicular debido al mal estado de la vía, agravado por lluvias y deslizamientos.
Según el Informe de Hito de Control n.º 004-2025-OCI/0422-SCC, emitido por la Contraloría, la obra fue suspendida tras acuerdo entre la entidad, el contratista y la empresa supervisora, sin que existiera una causal debidamente motivada como exige la normativa vigente. Además, se determinó que la municipalidad no cumplió con tramitar las licencias, permisos y servidumbres necesarias para la ejecución del proyecto, lo que generó conflictos con propietarios de terrenos adyacentes.
Los trabajos se iniciaron el 22 de abril de 2024, pese a que el expediente técnico fue aprobado en mayo de 2023 y el contrato suscrito en agosto de ese año. Apenas tres meses después, las labores fueron detenidas ante la negativa de varios pobladores a permitir intervenciones como cortes de talud y disposición de material excedente, acciones que debieron ser previamente coordinadas por el municipio, tal como establece la Ley de Contrataciones del Estado.
La Contraloría comunicó oficialmente estos hallazgos al alcalde distrital de Pataz, recomendando la adopción de medidas correctivas inmediatas, en cumplimiento de sus funciones y obligaciones como titular de la entidad.
Esta paralización no solo representa una pérdida de tiempo y recursos públicos, sino que también impacta directamente en la calidad de vida de los pobladores de las cinco localidades afectadas, que siguen esperando una solución efectiva para mejorar su conectividad y desarrollo.