El Concejo Provincial aprobó por mayoría un proyecto de ley que busca asegurar la continuidad del servicio de agua potable para familias vulnerables en todo el país. La propuesta, impulsada por el alcalde Mario Reyna, será remitida al Congreso de la República.
El Concejo de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) aprobó por mayoría la iniciativa legislativa “Proyecto de Ley que garantiza el acceso continuo y asequible al Servicio de Agua Potable para los Hogares en situación de Pobreza y Pobreza Extrema”, propuesta por el alcalde Mario Reyna Rodríguez. La medida será remitida al Congreso de la República para su debate y eventual aprobación.
El proyecto establece que ningún hogar vulnerable podrá ser privado del servicio de agua potable, incluso en caso de deudas acumuladas. Para ello, se definen tres modalidades de acceso según la situación económica de cada familia, tomando como referencia la clasificación del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) del MIDIS:
- Gratuito: Para hogares en pobreza extrema sin capacidad de pago.
- Al costo de producción: Para familias que pueden cubrir el costo mínimo de operación.
- Subvención parcial: Con apoyo del Estado a través de transferencias o descuentos focalizados.
Además, se dispone que la SUNASS determine el volumen mínimo mensual de agua potable garantizado, tomando en cuenta los estándares de salud pública, que recomiendan al menos 50 litros por persona por día.
El alcalde Mario Reyna destacó que la iniciativa no solo busca garantizar un derecho fundamental, sino también contribuir a la salud pública y a la prevención de enfermedades relacionadas con la falta de higiene. “Este proyecto impactará directamente en la dignidad, equidad y bienestar de millones de peruanos en situación vulnerable, especialmente en comunidades rurales, indígenas y asentamientos humanos”, señaló.
La propuesta, sin embargo, generó debate. El regidor Jorge Tam advirtió que podría poner en riesgo la sostenibilidad financiera de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), mientras que Luis González planteó que el tema pase a la comisión de Recursos Hídricos. No obstante, se precisó que la iniciativa ya cuenta con un informe favorable de la comisión ordinaria de Saneamiento.
Según datos oficiales, en 2023 el 21,6 % de la población peruana carecía de alcantarillado u otra forma de disposición sanitaria de excretas, lo que refuerza la relevancia social, sanitaria y económica de la iniciativa. Los costos fiscales que demande la medida podrían ser asumidos progresivamente con recursos del presupuesto nacional, cooperación internacional, fondos de emergencia social y la reorientación de subsidios no focalizados.