El Tribunal Constitucional declaró fundada una demanda competencial del Poder Ejecutivo y ordenó suspender todas las investigaciones en curso contra la presidenta Dina Boluarte, las cuales incluyen casos como los fallecimientos durante las protestas, enriquecimiento ilícito y la posesión de joyas de lujo. Las indagaciones solo podrán reiniciarse una vez concluya su mandato en julio de 2026.
El Tribunal Constitucional (TC) admitió una demanda presentada por el Ejecutivo en la que se argumenta que las pesquisas del Ministerio Público y el Poder Judicial interfieren en el ejercicio constitucional de las funciones presidenciales. A raíz de ello, dispuso la suspensión inmediata de las investigaciones contra la jefa de Estado, Dina Boluarte, mientras dure su mandato. Estas solo podrán reanudarse al cabo de su ejercicio presidencial, previsto hasta julio de 2026.
Entre los procesos investigativos suspendidos figuran temas de alta sensibilidad:
- El presunto papel de Boluarte en las muertes de manifestantes tras asumir la presidencia en 2022.
- Alegaciones de enriquecimiento ilícito.
- Investigaciones sobre posesión de relojes y joyas de alto valor.
Repercusiones institucionales y constitucionales
La sentencia se fundamenta en el artículo 117 de la Constitución Política del Perú, que estipula inmunidad para la presidente durante su gestión. El TC determinó que, tras concluir su mandato, las autoridades competentes deben retomar las investigaciones, siempre respetando los principios constitucionales.
El fallo ha generado intensos debates sobre el equilibrio de poderes en el país. Mientras el Ejecutivo celebró este respaldo, críticos aseguran que constituye un “blindaje político” contra la rendición de cuentas, dado que el Congreso ya archivó denuncias como el polémico «Rolexgate».