Imágenes captadas muestran a un alto funcionario regional participando en un evento partidario del APRA, lo que –de confirmarse– violaría las normas de neutralidad de la Contraloría. El hecho genera cuestionamientos sobre la integridad institucional en plena campaña hacia las elecciones 2026.
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Un video difundido por militantes del APRA y reproducido por medios regionales habría identificado a un funcionario del servicio público regional como participante activo en un acto partidario, lo que de confirmarse podría constituir una violación al código de ética de la Contraloría.
Se trata de Raúl Darío González Sánchez, quien ejerce funciones de supervisión en la Contraloría en La Libertad. En las imágenes se le ve junto a dirigentes del APRA en un evento realizado el pasado 21 de noviembre, en donde se presentó una fórmula presidencial de esa agrupación.
La normativa vigente para los trabajadores de la Contraloría prohíbe expresamente “realizar actividades de proselitismo político partidario en forma pública” durante el ejercicio del cargo. Por ello, la presencia de González Sánchez en ese acto sería una aparente vulneración de los principios de neutralidad e imparcialidad que deben regir en esa institución fiscalizadora.
Más aún, el cargo que ocupa —especialista VI e interino en la Gerencia Regional de Control— le otorga responsabilidad sobre supervisiones clave de proyectos y control institucional en la región, lo que agrava la gravedad del asunto.
Hasta el momento, la Contraloría no ha emitido pronunciamiento oficial sobre el caso. La falta de una respuesta formal genera incertidumbre frente al compromiso institucional con la transparencia y la ética pública, especialmente en un contexto sensible previo a las elecciones 2026.
El supuesto acto proselitista, en plena función pública, revela las tensiones que subsisten entre el control estatal y la actividad partidaria. En redes y medios locales, ciudadanos y organizaciones exigen claridad, sanciones si corresponde, y una defensa firme de la neutralidad estatal que garantice la imparcialidad en la fiscalización de los recursos públicos.