Dos allegadas del presidente interino José Jerí renunciaron a sus cargos tras revelarse que obtuvieron contratos estatales luego de sostener reuniones nocturnas en el despacho presidencial, en medio de investigaciones fiscales y pedidos de información de la Contraloría.
Dos personas cercanas al presidente interino del Congreso, José Jerí, presentaron su renuncia luego de que se revelara que obtuvieron contratos con el Estado tras haber sostenido reuniones en su despacho, incluso en horarios nocturnos, lo que ha generado cuestionamientos políticos y el inicio de investigaciones.
Se trata de Guadalupe Vela y Cristina Beraún, quienes decidieron apartarse de sus cargos luego de que diversos reportes periodísticos evidenciaran que ambas acudieron reiteradamente al despacho de Jerí y, posteriormente, accedieron a contrataciones en entidades públicas. El caso ha despertado sospechas sobre un presunto uso indebido de influencias.
Tras la difusión de esta información, el Ministerio Público inició diligencias preliminares para determinar si existieron irregularidades en los procesos de contratación, mientras que la Contraloría General de la República solicitó información detallada a las entidades involucradas con el fin de verificar la legalidad de los contratos otorgados.
Desde el entorno de José Jerí se ha señalado que las reuniones sostenidas no tuvieron relación con gestiones laborales ni contrataciones estatales; sin embargo, el caso ha generado fuertes cuestionamientos desde distintos sectores políticos, que exigen transparencia y explicaciones claras ante la opinión pública.
Las renuncias buscan, según trascendió, evitar que la controversia continúe afectando la imagen del Congreso y permitir que las investigaciones se desarrollen sin interferencias. No obstante, el episodio vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de reforzar los mecanismos de control y transparencia en la contratación pública y en el acceso a los despachos de altos funcionarios del Estado.
El Ministerio Público continuará con las indagaciones para determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales en este caso que ha reavivado las críticas sobre presuntas prácticas irregulares en el aparato estatal.