El Poder Judicial extiende el plazo para que la fiscalía profundice en transferencias, peritajes e implicaciones de sociedades offshore vinculadas al exalcalde de Lima y líder de Renovación Popular.
El Poder Judicial dispuso la ampliación por 24 meses del plazo de la investigación preparatoria que sigue contra Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y líder de Renovación Popular, en el marco del caso Panama Papers.
La medida fue adoptada por el juez Jorge Chávez Tamariz, titular del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, mediante resolución fechada el 26 de septiembre de 2025.
Aunque la fiscalía había solicitado una prórroga de 36 meses, el magistrado consideró que un plazo de 24 meses era “razonable” para agotar las diligencias pendientes en esta compleja causa que involucra asistencia judicial internacional, peritajes contables del periodo 2010-2021 y declaraciones de testigos nacionales y extranjeros.
Aspectos clave de la investigación
- Según la tesis fiscal, entre 2010 y 2018 operó una estructura empresarial vinculada a López Aliaga, mediante sociedades offshore como ACRES Investments International Ltd (Panamá), con el objetivo de ocultar y legitimar fondos presuntamente ilícitos.
- Se le imputa la posible autoría del delito de lavado de activos por conversion: el uso de empresas constituidas en el extranjero para canalizar recursos de origen dudoso hacia el sistema financiero peruano.
- Los hechos investigados involucran también contratos cuestionados con la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima, que según la fiscalía generaron un perjuicio al Estado calculado por encima de los S/ 37 millones.
Implicancias políticas y jurídicas
Esta ampliación representa un desafío para el líder de Renovación Popular, quien se perfila como candidato de cara a las elecciones de 2026. Aunque no se ha formulado aún acusación, la prolongación del plazo reduce su margen de maniobra y refuerza el escrutinio sobre su imagen pública.
Desde el punto de vista jurídico, la decisión confirma que la investigación se encuentra en una fase de activa recolección de pruebas y diligencias internacionales, lo cual obligará al equipo defensor a mantenerse vigilante respecto al respeto de los derechos de defensa y al principio del plazo razonable.
Lo que sigue
- La fiscalía deberá completar la pericia contable financiera que abarca los años 2010 a 2021.
- También se esperan testimonios de personas vinculadas tanto en el extranjero como en el país, y la formalización de tres empresas investigadas como personas jurídicas dentro del proceso.
- En paralelo, se abre el debate político sobre la transparencia, la rendición de cuentas y el vínculo entre cargos públicos y estructuras financieras offshore.