El organismo fiscalizador exige a los gobiernos regionales de La Libertad, Junín y Loreto entregar la documentación completa de contratos adjudicados a una empresa de 23 años de antigüedad mínima en el rubro, que suman más de S/ 540 millones. El caso ha despertado cuestionamientos por la aparente falta de experiencia de la contratista.
El Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) ha enviado requerimientos formales a los gobiernos regionales de La Libertad, Junín y Loreto para que entreguen los expedientes técnicos, administrativos y legales de las licitaciones que fueron adjudicadas a la empresa Constructora Consultora y Servicios – LC&EC, propiedad de la joven Lucero Coca Condori, de 23 años de edad.
La solicitud se produce en medio de crecientes cuestionamientos sobre la capacidad técnica y financiera de la compañía, que, según registros, no contaría con un historial significativo en la ejecución de obras públicas de gran envergadura.
Contratos millonarios en tres regiones
En La Libertad, la empresa se adjudicó dos proyectos clave:
- Mejoramiento del ingreso vial Trujillo–Huanchaco, con un monto superior a los S/ 190 millones.
- Construcción y equipamiento del Hospital de Virú, valorizado en S/ 125,6 millones.
En Junín, LC&EC ganó la licitación para la rehabilitación y ampliación del Hospital de Satipo, con un presupuesto de S/ 206,3 millones.
Finalmente, en Loreto se le otorgó el contrato para la modernización del Hospital Arriola, por S/ 22,4 millones.
En conjunto, estos contratos suman más de S/ 540 millones en compromisos de ejecución.
Dudas sobre experiencia y cumplimiento
El OECE busca verificar si la empresa cumplió con todos los requisitos técnicos y legales, y si presentó evidencias documentadas de experiencia previa en proyectos de similar magnitud.
Fuentes del organismo señalaron que la verificación es esencial debido a que la Ley de Contrataciones del Estado establece parámetros estrictos para la adjudicación de obras que superan ciertos montos, incluyendo garantías financieras y acreditación de personal especializado.
Reacciones y posibles consecuencias
La magnitud de los contratos y la corta trayectoria empresarial de LC&EC han generado reacciones en autoridades y ciudadanos. Algunos consejeros regionales han solicitado que, de encontrarse irregularidades, se proceda a la nulidad de las licitaciones y a la apertura de procesos administrativos y penales.
De confirmarse incumplimientos en los procesos o en la ejecución de las obras, los gobiernos regionales podrían enfrentar sanciones administrativas, y la empresa, ser inhabilitada para contratar con el Estado.