La norma no puede ser un refugio para la informalidad ni un salvavidas para la ilegalidad. Piden fiscalización de plantas procesadoras y declarar intocables zonas sensibles como ríos, áreas naturales y territorios indígenas.
Especialistas, autoridades y líderes indígenas coincidieron en que la nueva Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Minería (Ley MAPE) debe convertirse en una herramienta real para ordenar la actividad y frenar a quienes operan al margen de la ley, contaminando ríos y generando impactos sociales y ambientales.
Este fue el consenso del seminario “Hacia una ley de la minería pequeña y artesanal que contribuya al desarrollo sostenible del país”, organizado por el Colegio de Abogados de Lima.
Diferenciar lo artesanal de lo ilegal
César Ipenza Peralta y Karina Cecilia Garay Tapia, del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), plantearon diez propuestas a la Comisión de Energía y Minas del Congreso. La más urgente: diferenciar con claridad al minero artesanal del informal y del ilegal.
Garay Tapia explicó que, si bien la minería artesanal puede ser sustento para comunidades locales, también está vinculada a criminalidad y deforestación. Criticó, además, que el Reinfo permita trabajar con solo registrarse, sin los controles mínimos que se exigen a otros negocios.
Control en las plantas procesadoras
Para Ipenza, el foco debe estar en las plantas de beneficio, pues allí se procesa el mineral y es posible rastrear su origen. Sin fiscalización, dijo, se facilita el lavado de oro proveniente de la ilegalidad.
El viceministro de Energía y Minas, Henry Luna, coincidió en la necesidad de mayor control, señalando que empresas como Beta Dorada, Paltarumi o Caravelí figuran entre los principales productores sin tener minas propias.
Zonas intocables y trazabilidad
El OMI planteó que la ley declare zonas intangibles: áreas naturales protegidas, ríos, territorios indígenas y sitios arqueológicos. “El oro no puede valer más que el agua o la vida”, sostuvo Ipenza.
La lideresa indígena Teresita Irene Antazú López, del pueblo Yanesha, denunció que comunidades amazónicas ya no encuentran agua limpia por la contaminación con mercurio en Madre de Dios. “Los ríos están envenenados y la gente sufre enfermedades en la piel”, señaló.
Minería ilegal: impacto en comunidades
Según Juvenal Silva, de la Sociedad Zoológica de Frankfurt, la minería ilegal afecta a 48 comunidades indígenas, equivalente a una quinta parte del territorio amazónico, contaminando el agua que consumen cuatro millones de personas.
El problema del Reinfo
La congresista Diana Carolina Gonzales (Avanza País) advirtió que el Reinfo se convirtió en refugio para la informalidad: permite extraer minerales sin pagar impuestos, sin reparar daños ambientales y con mano de obra en condiciones precarias.
En octubre pasado, representantes del sector intentaron extenderlo por cinco años más. Si bien no prosperó, lograron una prórroga de seis meses, que vence el 31 de diciembre de este año.